Según el FROB, las retribuciones que percibió la cúpula de la Caja pudo suponer un perjuicio de 14,8 millones de euros
24 feb 2016 . Actualizado a las 12:58 h.El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa ha concluido su declaración ante la juez de instrucción número 45 de Madrid, Luisa María Prieto, por los presuntos sobresueldos concedidos a la cúpula de la antigua entidad, que pudieron causar un perjuicio de 14,8 millones de euros. Blesa, que ha accedido a los juzgados de Plaza de Castilla a las 8:50 en su vehículo para evitar a la veintena de preferentistas que le esperaban en la entrada principal, ha comparecido durante algo más de hora y media ante la instructora del caso y las acusaciones.
Según han explicado fuentes jurídicas, Blesa ha respondido a todas las cuestiones planteadas por la juez y la Fiscalía, aunque no a las preguntas de Manos Limpias. El expresidente de Caja Madrid ha abandonado la sala en compañía de su abogado y escoltado por un cordón policial, aunque como sucediera a su llegada, ha evitado ser fotografiado eludiendo a la prensa.
En estos instantes, la magistrada toma declaración al «número dos» de Blesa y ex director financiero de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, que ha accedido a los juzgados a pie por la entrada de la calle Capitán Haya al filo de las 10:30 de la mañana. Ambos declaran en calidad de investigados -término con el que se conoce a la figura del imputado, tras la reforma del Código Penal- después de que Anticorrupción denunciase en enero de 2015 irregularidades en la antigua Caja Madrid, hoy integrada en Bankia.
La Fiscalía presentó entonces una querella contra Blesa y Sánchez Barcoj por las presuntas retribuciones que percibió la cúpula de la extinta entidad entre el 2007 y el 2010 y que, según el FROB, pudieron suponer un perjuicio de unos 14,8 millones de euros. Una acusación a la que también se sumó la asociación Manos Limpias, que en febrero de 2015 se querelló contra el expresidente de Caja Madrid y una decena de exdirectivos de la extinta entidad, a los que imputa un delito de apropiación indebida o administración desleal.
Según su relato, los exdirectivos «acordaron de forma ilícita y continuada el pago de salarios, indemnizaciones y aportaciones a planes de pensiones», recordando el informe del FROB presentado por Anticorrupción. Dicho documento reconoce la existencia de unas tarjetas «black», la entrega de relojes de 12.000 euros a consejeros y canjeables por cheques regalos de El Corte Inglés, así como dietas a directivos o la fórmula para indemnizar al ex secretario general de la entidad Enrique de la Torre. Unos hechos constitutivos de delito para ambas acusaciones que finalmente están siendo instruidos en los juzgados de Plaza de Castilla, tras meses de demora en su tramitación que llevaron a la Fiscalía a presentar varias quejas.