La presidenta del partido en Madrid defiende en la comisión de investigación que la corrupción «no debe quedar impune» y advierte a Podemos que ellos también tienen casos en este sentido
12 feb 2016 . Actualizado a las 22:09 h.La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que se siente respaldada por la dirección nacional del partido, tras los registros ordenados ayer por el juez del caso Púnica, uno de ellos en la sede de la calle Génova, y ha sostenido que no le consta que haya habido financiación ilegal. En declaraciones a los medios antes de comparecer en la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid, Aguirre ha respondido «cómo no» a la pregunta de si se siente respaldada por la ejecutiva del PP, aunque ha reconocido que nadie de la dirección la ha llamado.
La líder de los populares madrileños se ha referido en la comisión parlamentaria a los registros ordenados ayer por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco para investigar si los pagos de la trama Púnica sirvieron para financiar ilegalmente al partido. «No ha habido ninguna financiación ilegal, que a mí me conste, en el PP de Madrid», ha afirmado. Aguirre ha señalado que los registros del juez Velasco «son consecuencia, al parecer, de una agenda que tenía Granados con una iniciales».
Esas letras, según ha relatado, las «tradujo» el presunto cerebro de la Púnica, David Marjaliza, quien también «parece» que entregó al juez las facturas de cómo financió la campaña electoral del 2011 de Tomás Gómez. Sin embargo, la expresidenta madrileña ha manifestado que parece que «este tema» no le interesa a los miembros de la comisión de investigación, ya que Gómez no ha sido citado para que comparezca.
Aguirre, que había sido citada para informar sobre los contratos de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, vinculada al caso Púnica, ha asegurado que durante los 33 años que lleva en política ha nombrado a 500 cargos y solo dos le han salido «rana».
En concreto, ha señalado a Francisco Granados, quien actualmente está en prisión por su implicación en la trama Púnica, y al exconsejero de la Comunidad Alberto López-Viejo, imputado en el caso Gürtel. En este sentido, ante la pregunta de si en los próximos meses no saldrán más «ranas», Aguirre ha contestado: «De momento, dos». «Creo que todos los que estamos aquí sabemos que la corrupción nos está destrozando a todos y los que crean que no porque son partidos nuevos están muy equivocados», ha indicado en referencia a Podemos y Ciudadanos, al tiempo que ha sostenido que los imputados del PSOE «multiplican por diez» los del PP.
También ha manifestado su confianza en el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria y la exconsejera de Educación Lucía Figar, que presentaron su dimisión tras ser imputados en la operación Púnica.
El portavoz de Ciudadanos en la comisión, César Zafra, ha criticado a Aguirre al decirle que no quita a los imputados, sino que los «mueve a otro lugar», y le ha reprochado que tenga como asesora de comunicación del grupo municipal popular a la exdirectora de Medios de la Comunidad de Madrid Isabel Gallego, investigada también en el caso Púnica. «Hay imputaciones e imputaciones (...) la imputación de la señora Gallego y Figar a mi juicio se acabará quedando muy claro que no han tenido absolutamente ninguna irregularidad penal», ha sostenido.
En la comisión también ha declarado el empresario Alejandro de Pedro, considerado el «conseguidor» de contratos públicos para la trama Púnica, que ha dicho sobre las cuentas de los trabajos que hizo para el PP de Madrid y el Gobierno regional: «Una cosa es firmarlas y otra cosa es que me las tenga que leer».
La comparecencia de Aguirre ha causado un gran revuelo mediático al producirse horas después de los registros en la sede del PP de Madrid, que han llevado al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, a afirmar que «no comparte» la «gestión de la corrupción ni la forma de entender la regeneración que tiene la cúpula» del partido. El portavoz del PSOE en el Senado, Óscar López, ha asegurado que la financiación irregular ha sido un «modus operandi» del PP.