La Guardia Civil acudió a dos despachos del yerno de Villar Mir, a su domicilio y a la sede del partido, de donde se llevó archivos del ordenador del exgerente
12 feb 2016 . Actualizado a las 10:05 h.De nuevo un requerimiento judicial de la Audiencia Nacional. De nuevo el foco en la sede del PP en la calle Génova de Madrid. De nuevo una investigación sobre supuesta financiación irregular del partido, aunque esta vez del PP madrileño presidido por Esperanza Aguirre. En diciembre del 2013, el juez Pablo Ruz mandó a la Policía Nacional a por documentación referida a la causa de la caja B a partir de la publicación de los papeles de Bárcenas. Y este jueves, dos años y dos meses después, el juez Eloy Velasco hizo lo propio con la Guardia Civil, por tercera vez, en busca de pruebas en el marco de la trama Púnica, la «gigantesca red de tráfico de influencias» en ayuntamientos de Madrid, Valencia, Murcia y León.
Velasco, titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, abrió el melón de la operación contra la corrupción municipal y regional en octubre del 2014. En la actualidad hay un centenar de investigados, «muchos de ellos no relacionados entre sí», y en septiembre pasado el juez dividió el procedimiento en doce piezas separadas para agilizar la instrucción, que ha tratado de llevar con mucho sigilo. Los cinco registros ordenados este jueves formarían parte de la octava pieza, referida a Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid, actualmente en prisión preventiva, y sus colaboradores. El juez investiga supuesto blanqueo de capitales y cohecho. Para ello, envió a agentes de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a la sede del PP de Madrid. Allí tiene todavía su despacho el exgerente regional Beltrán Gutiérrez, el último sospechoso de la Púnica, a quien registraron su ordenador en su presencia y se llevaron documentación. Gutiérrez dimitió de su cargo tras su imputación en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid, pero Aguirre le mantuvo como empleado con despacho hasta ahora. Lleva unos 20 años en el PP. Los agentes también entraron en su domicilio por orden del juez.
De forma paralela, la UCO entró en los despachos laborales y en el domicilio del segundo de los protagonistas de los registros, Javier López Madrid, miembro del consejo de administración del grupo de construcción y servicios OHL, y yerno de su presidente, Juan Miguel Villar Mir. Una de estas intervenciones tuvo lugar en su oficina ubicada en Torre Espacio, uno de los cuatro nuevos rascacielos de Madrid, propiedad del Grupo Villar Mir y donde tiene su sede OHL. Todas estas intervenciones, que concluyeron hacia las 19 horas, se enmarcan en los referidos delitos de cohecho y blanqueo, puesto que en el momento de producirse las presuntas entregas del dinero del empresario al político aún no existía el de financiación irregular de partidos políticos, que llegó con la última reforma penal. El tema no es menor, ya que la relación entre ambos sospechosos tiene como punto final la citada supuesta financiación ilegal del PP de Madrid, según fuentes jurídicas.
Con ayuda de Marjaliza
El juez, la fiscala anticorrupción y los agentes de la UCO han sacado partido a las horas de revelaciones del empresario y conseguidor de la trama, David Marjaliza, mano derecha de Granados. Los agentes trabajan desde noviembre en descifrar las anotaciones localizadas en la contabilidad manuscrita de Granados, según publicó el diario digital El Español, motivo por el cual se precipitaron los registros, según confirmaron fuentes jurídicas. Para ello contaron con la colaboración de Marjaliza.
El pasado 13 de noviembre, este relacionó ante el juez las iniciales «JLM» con Javier López Madrid y las de «BG» con el exgerente del PP autonómico Beltrán Gutiérrez. En su declaración, Marjaliza matizó que, pese a conocer la correspondencia de las siglas, desconocía si las cantidades anotadas en el documento de Granados se pagaron realmente al PP de Madrid.