Que unos titiriteros acaben en prisión es propio de sociedades intolerantes y regímenes políticos represivos. Una desmesura que en nada se justifica, ni por los excesos de la obra ni de quienes los contrataron. La proporcionalidad en el castigo de las conductas inapropiadas es la base de la Justicia. Pero en este caso todo es desproporcionado. La obra es un despropósito fruto de mentes desquiciadas. Y la respuesta apropiada es la crítica y el desprecio. Nunca la cárcel. Ninguna sátira, por excesiva que sea, lo merece. Porque poner entre rejas la libertad de expresión es una cazas de brujas. Pero la libertad artística tampoco justifica que se ponga a disposición de cualquiera sin previo aviso. Todos tenemos derecho a saber a qué nos exponemos. En este caso el programador ha incurrido en un exceso que debe pagar con su dimisión. La concejala de Cultura acumula ya una larga lista de despropósitos fruto de sus prejuicios ideológicos que la invalidan para el cargo.