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Investigan si el constructor de cabecera de Sonia Castedo pagó el gasoil de su yate con dinero municipal

Las escuchas policiales del caso Brugal revelan que el empresario alicantino Enrique Ortiz podría haber gastado en carburante un total de 24.600 euros recibidos de las arcas públicas para tareas de asfalto

EFE 08 de febrero de 2016. Actualizado a las 20:06 h. 1

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El ayuntamiento de Alicante ha investigará si el constructor Enrique Ortiz, imputado por los casos Gürtel y Brugal, ha pagado gasoil de uno de sus yates con dinero municipal. En un comunicado, el tripartito que gobierna Alicante, del PSPV-PSOE, Guanyar (EU-IU y Podemos) y Compromís, ha informado de que en las escuchas policiales del caso Brugal se deriva que el promotor podría haber gastado en carburante para uno de sus dos yates, el Elena, un total de 24.600 euros del dinero recibido del consistorio por su empresa Tizor, adjudicataria municipal para tareas de asfaltado.

Tras conocer el contenido de las intervenciones telefónicas, que hacen referencia a los años en que el PP gobernaba la ciudad con mayoría absoluta, el ayuntamiento ha señalado que se propone revisar «minuciosamente» todas las contratas adjudicadas a empresas de Ortiz para «esclarecer cualquier atisbo de duda sobre posibles fraudes». «El escándalo sería mayúsculo si se probara que el dinero de los ciudadanos se ha destinado a pagar los viajes en el yate del empresario de cabecera de (Sonia) Castedo y (Luis Díaz) Alperi, el yate en el que viajó Castedo a Ibiza y en el que se celebró una fiesta cuando se archivó el caso de los aparcamientos», ha señalado el tripartito.

Además, el equipo de gobierno pedirá a la Autoridad Portuaria de Alicante que exija responsabilidades al gerente de Marina Deportiva, Javier Palacios, que en la escucha policial propone a Ortiz falsificar facturas de repostaje de los camiones de Tizor en la gasolinera de Marina Deportiva, unas cuentas a las que el promotor se refiere como «albaranes X».

Ortiz está imputado en el caso Gürtel por su supuesta implicación en la financiación irregular del PPCV y en dos ramas del caso Brugal, la relativa a las presuntas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana y por el plan urbanístico de Rabasa. En estas dos piezas también estaba imputada la exalcaldesa popular Sonia Castedo, que dimitió en diciembre del 2014 a causa de este asunto.

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