Se puede decir más alto, pero no más claro. Sí, Hacienda somos todos. Y no es solo un eslogan. Es la constatación de una evidencia. De que la gestión del dinero público se hace en interés de todos los ciudadanos y, por lo tanto, a todos nos interesa. La Agencia Tributaria no puede monopolizar la defensa del erario porque sería tanto como privatizar el interés público. Y eso es inasumible, indefendible y lo contrario a los más elementales principios democráticos. Porque la delegación en la gestión de lo público conlleva como correlato inexcusable el control permanente y absoluto, sin sombra ni excepción alguna, por parte de la ciudadanía. Y la acción popular es la traslación de ese principio a la vía judicial. Intentar ponerle límites supeditándola a la iniciativa del ministerio público sería simple y llanamente expulsarla del derecho procesal. A lo que se niega la resolución del tribunal de Palma, que con su encendida defensa de la legitimidad de la acción popular hace el mejor alegato en favor de la Justicia. Porque el empecinamiento del fiscal en mantener su torticera argumentación para ejercer en realidad de abogado defensor de la infanta Cristina ha mantenido una permanente sombra de duda sobre la Justicia que, afortunadamente, los jueces, primero Castro y ahora las tres magistradas del tribunal, se han encargado de disipar. Han demostrado que, efectivamente, no caben privilegios ante la Justicia. Y, de paso, han dejado en evidencia no solo al fiscal Horrach, sino toda la estructura actual del ministerio público. Porque su dependencia jerárquica del Gobierno alienta su politización. Y deja sin argumentos a quienes pretenden entregarle la labor instructora, quizás razonable en otras circunstancias.