Agricultura recibió cinco informes de distintos técnicos que insistían en que no se debía pagar a FCC por reparar una obra
28 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio de Agricultura que dirige Isabel García Tejerina desde abril del 2014, lejos de enmendar las supuestas irregularidades por los sobrecostes injustificados en Acuamed que autorizó el departamento que dirigía Miguel Arias Cañete, aprobó durante dos años conceder «compensaciones indebidas» a FCC por 40 millones de euros, según han declarado varios de los testigos del caso.
En el Ministerio de Agricultura, tanto en la época de Arias Cañete como en la García Tejerina, recibieron hasta cinco informes diferentes de técnicos de la Dirección General del Agua como de los Servicios Jurídicos del Estado que insistían en que, de ningún modo, se debía pagar a FCC por reparar la planta desaladora de Bajo Almanzora en Almería tras una riada en septiembre del 2012, de la que, por contrato, se tenía que ocupar la constructora y no el ente público. La mayoría de los informes en contra de los pagos fueron entre enero y abril del 2014, cuando Arias Cañete aún estaba en el Gobierno.
A pesar de estos documentos, el Ministerio de Agricultura, ya con García Tejerina al frente, asignó en los Presupuestos Generales del Estado del 2015 un desembolso de 36 millones para esa compensación indebida, que no se abonaron. Un año después, para los Presupuestos de este año, se redujo la cifra a 24 millones en dos partidas, que tampoco se han hecho efectivas. En ambos casos, según fuentes de la investigación, los directivos de Acuamed paralizaron los pagos sabedores de que estaban siendo investigados.
Caso Imelsa
En cuanto al escándalo en la empresa pública Imelsa, siete de los detenidos en el marco de la denominada operación Taula pasaron ayer a disposición judicial, entre ellos el ex secretario autonómico de Deportes y ex diputado en las Cortes valencianas David Serra; la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster, y el exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos, exmarido de María José Alcón, quien precisamente fue también detenida y la primera en prestar declaración ante el juez. El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia es el que se ocupa de esta trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana cuyos integrantes se servían de sus puestos para amañar contratos y cobrar comisiones.
España retrocede en la lucha contra la corrupción
España registró en el 2015 el peor dato de percepción de corrupción de su historia, lo que refleja una «grave» situación de corrupción política, antes vinculada al urbanismo y ahora a la «contratación pública», sobre todo de las empresas públicas y entes de la Administración.
Según el Índice de la Percepción de la Corrupción 2015 de Transparencia Internacional, la corrupción en España se sitúa en el puesto 36 de 168 países, con 58 puntos, dos menos que en el 2014. Para Manuel Villoria, miembro del comité ejecutivo de la organización, aunque España no está dentro del sistema de «corrupción sistémica», en el que policías, médicos y profesores aceptan sobornos, la corrupción en la contratación pública está «bastante generalizada», como expresa «claramente», subrayó, el caso Acuamed. El resultado «catastrófico» que arroja España en este informe no significa que la corrupción haya aumentado en el 2015, sino que los datos son «más rigurosos» y beben de «más fuentes de información» que hace años, explicaron los responsables del estudio. A su juicio, «si hay menos dinero, es difícil que haya más corrupción», pero advierten de que «si las tasas de crecimiento económico se recuperan, como no se han cortado de raíz los elementos sistémicos, la corrupción rebrotará».
«La mayor de Europa»
Según Transparencia Internacional (TI) España, el ambiente de «euforia» del 2004, 2005 y 2006 no dejaba a los ciudadanos «ver la realidad», pero probablemente el resultado en esos años sería peor que el actual, si se midiera con la misma visión.
El Índice de la Percepción de la Corrupción se fundamenta en datos de doce organismos internacionales, como el Banco Mundial, así como en encuestas a expertos, líderes de multinacionales y ciudadanos, y todas reflejan un mayor percepción de corrupción. «En el caso de los ciudadanos es enorme, brutal, la mayor de Europa junto con Grecia», apuntó el presidente de TI España, Jesús Lizcano, para quien los jóvenes españoles «no son tan tolerantes con la corrupción como las generaciones anteriores».
El Gobierno adoptó recientemente numerosas medidas buscando mayor transparencia, con el objetivo de reducir la corrupción y apaciguar la creciente indignación ciudadana. Pero muchas de ellas todavía no están siendo aplicadas. Según denunció Transparencia Internacional, la mayoría de los municipios y regiones «no cumplen la obligación legal de publicar sus contratos y licitaciones de obra pública».