La Operación Taula se extiende a una presunta financiación irregular del PP valenciano

Europa Press VALENCIA

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El titular del Juzgado de Instrucción ha dejado en libertad provisional al expresidente de la Diputación valenciana Alfonso Rus, por no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas

29 ene 2016 . Actualizado a las 00:23 h.

La investigación contra una supuesta trama de corrupción que se está desarrollando en la denominada Operación Taula se extiende a una presunta financiación ilegal del PP valenciano y, también, al blanqueo de capitales, según ha podido saber Europa Press.

Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para presuntamente obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos. Durante este jueves se han detenido a un total de 24 personas.

Pasada la medianoche, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha decidido dejar en libertad provisional al expresidente popular de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, al exsecretario autonómico de Educación Máximo Caturla, al exvicepresidente de la Diputación y exalcalde de Moncada Juan José Medina y al exalcalde de Genovés y exjefe de gabinete de la Diputación Emilio Llopis.

El fiscal había solicitado la adopción de medidas cautelares respecto de los estos cuatro arrestado en el marco de la operación Taula, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, aunque finalmente el magistrado ha acordado esta medida al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas en el caso de estos últimos cuatro arrestados en prestar declaración. No obstante, les ha impuesto como medidas cautelares que comparezcan cada quince días en el Juzgado.

Las fuentes consultadas han señalado que hay abiertas varias vías de investigación y que, entre ellas, se estudia la posibilidad de que se hubiera incurrido en financiación ilegal del PP en esta comunidad autonóma y que algunos altos cargos populares tuvieran conocimiento de estos hechos.

Rita Barberá

En este sentido, señalan que la investigación podría acabar afectando a la exalcaldesa de Valencia y actual senadora territorial del PP Rita Barberá y al exvicepresidente económico y diputado popular Gerardo Camps, aunque de momento se trata solo de indicios y sospechas, advierten.

El propio presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, se ha pronunciado ya sobre este supuesto y, preguntado por si tomará medidas contra Barberá o Camps en caso de ser imputados, recalcaba que no han sido llamados a declarar ni detenidos, por lo que están «absolutamente limpios». «Mientras no sean llamados a declarar o no se les acuse de nada no puedo decir nada distinto de que estas personas están absolutamente limpias», proclamó Rajoy, si bien reiteró que cualquier persona acusada será apartada del partido.

La macrooperación desplegada desde el pasado martes por la Guardia Civil en Valencia se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas -ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat- que se descubrió a raíz de la denuncia por el llamado caso Imelsa.

Las pesquisas se iniciaron a partir de una denuncia presentada ante la Fiscalía de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa por parte de su entonces director gerente, Marcos Benavent.

Ámbito mayor

Sin embargo, las investigaciones apuntaron a que la trama afectaba a un ámbito mucho mayor y se presentó una querella más detallada ante los Juzgados de Valencia. El pasado marzo, el juez incoó diligencias por diversos delitos contra la administración pública -entre ellos los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales-.

El caso está en manos del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado a través de su Delegación en Valencia. La operación la ha llevado a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en calidad de Policía Judicial.

El PP de Valencia demandará a los condenados

El PP de la Comunitat Valenciana demandará por la vía civil a los condenados por corrupción y les pedirá una indemnización por los «daños y perjuicios» ocasionados a la imagen de la formación.

Así lo ha anunciado este jueves la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, en una rueda de prensa ofrecida 48 horas después de la detención del expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, y otras 23 personas por la supuesta trama de corrupción en distintas administraciones de la Comunitat.

Bonig, que ha señalado cuenta con el apoyo «total y absoluto» de la dirección nacional para llevar a cabo esta medida «inédita» en un partido político, ha asegurado que la primera persona contra la que se actuará será el exconseller Rafael Blasco y el dinero que se recaude se destinará a «fines sociales».

Otra de las medidas que el PPCV va a poner en marcha para luchar contra la corrupción es proponer a la dirección nacional que amplíe las competencias del Comité de Derechos y Garantías para que las denuncias de militantes que lleguen al partido por conductas irregulares sean investigadas por profesionales independientes.