El subsecretario de Presidencia habría asistido al pacto del mayor sobrecoste de la red
22 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El juez Eloy Velasco ya lo apuntó el miércoles en su auto con en el que mandó a la cárcel a los cinco máximos responsables de la trama corrupta de Acuamed: algunos de los amaños y sobrecostes más importantes de esta red se «pactaron desde muy alto nivel en el ministerio», en alusión al departamento de Agricultura. Es más, hubo «compensaciones indebidas» acordadas entre constructoras y «cargos de alto nivel» de esa Administración.
Los testigos del caso -entre los que hay varios ingenieros que se negaron a certificar obras hinchadas y que han declarado en secreto ante Velasco- ya han dado un primer nombre: Federico Ramos de Armas, actual subsecretario de Presidencia, número tres y persona de confianza de la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría.
De acuerdo con la declaración de estos funcionarios de Acuamed, represaliados por la cúpula corrompida del ente, Ramos, que no se encuentra por el momento entre los investigados (antiguos imputados) en este caso, estuvo presente en las reuniones con directivos de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) para pactar un sobrecoste injustificado de 40 millones de euros a favor de aquella empresa. El hoy alto cargo de Moncloa entonces era secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y presidente, a su vez, de Acuamed y de su sociedad gemela, Acuaes.
Siempre según los testigos, Federico Ramos de Armas, que ocupó esas responsabilidades de diciembre del 2011 a junio del 2015, cuando se incorporó al equipo de Sáenz de Santamaría, tuvo una actuación determinante también para apartar del cargo, en la primavera del 2014, al alto funcionario de Acuamed que trataba de destapar la trama corrupta, el director de Ingeniería y Obras, Francisco Valiente.
La denuncia interna de Valiente al consejo de administración sobre los enjuagues en el ente con las constructoras para hinchar los contratos fue archivada con la supuesta aquiescencia de Ramos, que dio luz verde al despido de Valiente, poco antes de que en septiembre del 2014 este cursara la denuncia a Anticorrupción que está en el origen de la operación Frontino, que el lunes se saldó con trece detenidos.
Multimillonario chanchullo
Ramos, que era amigo del actual presidente de Acuamed y presunto cabecilla de la trama corrupta, Arcadio Mateo, habría estado presente en la reunión en la que se fraguó el mayor fraude conocido de la trama, el de la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona. Ese multimillonario chanchullo, señala el juez Eloy Velasco, nació a raíz de la inundación que dejó inservible la desaladora del Bajo Almanzora, en Almería, que habían construido FCC y Abengoa. Según el contrato, ambas empresas, y sus seguros, debían encargarse de la reparación de las instalaciones. Pero Arcadio Mateo, «en contra de lo que decía el contrato y la legalidad», acordó con FCC que la empresa pública pagaría el 40 % de los costes, mientras que el otro 60 % lo abonaría la UTE que, a cambio, «recibiría compensaciones indebidas» por valor de 40 millones de euros.
Una factura que debía ser de 3,5 millones por una obra en Tarragona acabó siendo de 40
El magistrado de la Audiencia Nacional asegura que fundamentalmente las partidas infladas se cargaron al contrato de la descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, adjudicado a FCC por 180 millones de euros. En esa adjudicación hubo de todo: trabajos «irreales», «cambios de certificaciones», «certificación de obras no ejecutadas», «expedientes paralelos», «conceptos extraordinarios que no existían»... Todo para conseguir que una «facturación debida» de 3,5 millones pasara a ser una factura en el debe de las cuentas públicas de 40 millones. Eloy Velasco, que tiene pendiente aún tomar declaración a otras 35 personas en calidad de investigados, envió el miércoles a la cárcel a Arcadio Mateo; al responsable de Contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor; a su directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco; a su delegado en Valencia, Pablo Martín; y al presidente de la empresa Altec, Nicolás Steegmann. Y fijó fianzas para los otros ocho detenidos altos cargos de Acuamed y empresarios en la operación de la Guardia Civil. Todos ellos abonaron las cauciones, de 12.000 a 50.000 euros, y quedaron en libertad el miércoles.
Según fuentes de la investigación, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene en su punto de mira un total de seis contratos que supusieron un desembolso de dinero público superior a los 620 millones de euros.