Soraya Sáenz de Santamaría ha garantizado que el Gobierno estará «muy vigilante» ante «todas y cada una» de las actuaciones de la Generalitat y el Parlamento catalán
15 ene 2016 . Actualizado a las 14:38 h.La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha garantizado que el Gobierno estará «muy vigilante» ante «todas y cada una» de las actuaciones de la Generalitat y el Parlamento catalán y no dejará pasar «ni una» que sea ilegal, y por eso estudia si la Consejeria de Exteriores se ajusta a la ley.
En rueda de prensa después de la reunión del Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha dicho que el Gobierno está a la espera del informe de la Abogacía del Estado sobre la fórmula utilizada por el nuevo presidente catalán, Carles Puigdemont, en su toma de posesión.
Además, fuentes del Gobierno han explicado que también están a la espera de que se publiquen las competencias concretas de cada consejeria para ver si la de Exteriores, que dirige Raül Romeva, se adapta a lo que establece la legislación respecto a las competencias de las comunidades autónomas.
Todo ello, según ha especificado la vicepresidenta en la rueda de prensa, se analiza también teniendo en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) del 1992.
«No vamos a dejar pasar una actuación que pueda ser contraria a la Constitución o a las leyes», ha subrayado antes de recordar que hay una declaración de independencia del Parlamento catalán que ha sido declarada nula por el TC y que no puede producir efectos y de la que se dio trasladado particular a varios responsables políticos.
Sáenz de Santamaría, quien ha señalado que no ha habido ningún contacto oficial con el nuevo Gobierno catalán, le ha pedido que se ajuste a la legalidad y que respete la Constitución y la voluntad mayoritaria de la sociedad de Cataluña, en la misma línea de lo que le reclamó el pasado domingo el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy.
Y es que, según su criterio, además de no respetar la Constitución y de vulnerar las leyes la Generalitat catalana ha generado una fractura muy grave en la sociedad catalana.
Preguntada por las informaciones que señalan que Puigdemont recibió subvenciones por valor de 500.000 euros siendo diputado, la vicepresidenta le ha emplazado a dar explicaciones sobre el asunto.
«Los ciudadanos merecen una explicación, sobre todo en tiempo de escasez y dificultad económica, que la Generalitat las ha tenido y muy grandes», ha apostillado para añadir que el Gobierno «ha colaborado intensamente» para que se pudieran pagar los servicios públicos, que cobraran los proveedores o que se abonaran las nóminas.
«A mayores, tienen que explicar cómo en momentos de dificultad se han producido contratos de esta naturaleza», ha insistido.
Ha querido dejar claro que el Gobierno va a seguir haciendo lo que ha hecho toda la legislatura anterior, gracias a lo cual, ha agregado, «los catalanes no se han visto perjudicados del desastre de gestión del Gobierno de Artur Mas».