La infanta Cristina se sentará mañana en el banquillo por el caso Nóos
ESPAÑA
Un total de 18 imputados serán juzgados por el desvío de 6 millones de euros públicos
10 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El juicio del caso Nóos, que mañana comienza en la Audiencia Provincial de Palma, no va a ser un proceso sencillo. Tras los focos centrados en el hecho histórico de ver por primera vez a la infanta Cristina, hermana del rey de España y a su marido, Iñaki Urdangarin, sentados en el banquillo, se esconde una trama de corrupción extremadamente compleja.
Una red que, durante un lustro, extendió sus tentáculos por tres comunidades autónomas (Valencia, Baleares y Madrid), que contó con la ayuda de importantes responsables públicos, que involucra a las más altas instituciones del Estado, que ocultó dinero en el extranjero y que supuso el desvío a bolsillos privados, gracias a contratos a dedo, de no menos de seis millones públicos.
Las magistradas Samantha Romero, Elonor Moyá y Rocío Martín se enfrentan a un macroproceso que durará medio año y en el que tendrán que dilucidar, en 67 sesiones (unas 335 horas de vistas), la responsabilidad de los 18 imputados en 89 hechos delictivos de nueve tipologías (prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de capitales). Prácticamente, todos los ilícitos ligados a la corrupción que existen en el Código Penal.
Las penas
De la envergadura de este proceso hablan también las penas a las que se enfrentan los encausados. La Fiscalía les pide 103 años y tres meses de cárcel, unas condenas que se asemejan mucho a las que se reclaman en los grandes procesos contra organizaciones criminales. Responsabilidades civiles millonarias, una decena de empresas pantalla bajo sospecha, docenas de investigaciones de mano de la Agencia Tributaria con decenas de miles de facturas y miles de horas de los especialistas de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal completan el complejo puzle que el tribunal tendrá que valorar.
Aunque la trama es muy enrevesada, el juicio, en realidad, tendrá solo dos objetivos: saber cómo el Instituto Nóos se hizo con el dinero público a cambio de trabajos que no valían, ni de cerca, esas cantidades millonarias y cómo hicieron los responsables de aquella fundación sin ánimo de lucro (y su sucesora, la Fdcis) para ocultar ese dinero a través de su maraña societaria en la que ocupa un lugar central Aizoon, la empresa del matrimonio Urdangarin-Borbón, usada para apoderarse de fondos públicos y defraudar a Hacienda.
Para no perderse en este proceso, sobre todo, hay que tener claras las cifras y los convenios. El Gobierno balear entregó 1,2 millones al primer Illes Balears Forum (2005); 1,085 millones al segundo (2006); 54.520 al seguimiento de la repercusión del equipo ciclista Illes Balears; 174.000 a la creación de la oficina del proyecto de este equipo deportivo y 116.566 para la elaboración de material promocional del Illes Balears.
Las instituciones valencianas pagaron por la organización de los Valencia Summit del 2004, 2005 y 2006, 1.044.000 euros por cada edición. A estos también hay sumar los 382.203 euros concedidos por la organización de unos fallidos Juegos Europeos. La Comunidad de Madrid, por su parte, abonó 144.000 euros a la sucesora del Instituto Nóos por unos trabajos inexistentes para la candidatura olímpica de la capital en el 2016.