Promete ahora incluir el cese de los cargos encausados por corrupción desde el momento en que se les abra juicio oral
30 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.En el 2009, magullado por el estallido del caso Gürtel del que aún quedaban por conocer derivadas, Mariano Rajoy encargó a la entonces vicesecretaria de Organización del PP, Ana Mato, la elaboración de un código de buenas prácticas que, entre otras cosas, prohibía a los dirigentes recibir dádivas de empresas que contrataran con el partido. En el 2012, cuando el texto parecía arrumbado, decidió ampliarlo e incorporarlo a sus estatutos. Y ahora, en su programa electoral para las generales del día 20, se compromete a hacer obligatorio el cese de altos cargos encausados por corrupción, antes de que haya condena firme, cuando se les haya abierto juicio oral.
El PP dedica un apartado completo de su programa, bajo el lema «La España que queremos», a propuestas con las que pretende «reivindicar la política y combatir la corrupción». En él, presume, primero, de haber sido el partido que «más medidas y más reformas ha acometido para prevenir, perseguir y sancionar la corrupción» y aduce que si las normas aprobadas esta legislatura hubieran estado en vigor, «la mayoría de los casos que alarman a los españoles no se habrían producido porque tendríamos mejores herramientas para detectar y frenar a los corruptos».
La oposición lo cuestiona
Este planteamiento se cuestiona, al menos parcialmente, desde la oposición. Aunque admite avances, el PSOE insiste en que la reforma del Código Penal que tipifica por primera vez como delito la financiación ilegal de los partidos, por ejemplo, no habría llevado a prisión a ninguno de los mencionados por el extesorero del PP Luis Bárcenas en sus famosos papeles, porque solo contempla penas de cárcel si se rebasan los 500.000 euros, mientras que si la cantidad es inferior basta con pagar una multa. Lo normal es que ninguna donación supere esa cifra porque el límite legal está en 50.000 euros y quienes lo vulneran fraccionan los pagos para maquillar el delito.
También fue enormemente criticada, entre otros por Izquierda Unida, la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal que entrará en vigor en los próximos días y que «limita» el plazo de investigación judicial a entre seis y dieciocho meses, dependiendo de la complejidad. El Gobierno buscaba agilizar la administración de Justicia, pero los críticos sostienen que en la práctica es poner obstáculos porque una comisión rogatoria a Suiza tarda, por ejemplo, dicen, «más de seis meses».
Los populares, sin embargo, se muestran satisfechos con su gestión. En la parte del programa que presentó en Madrid su secretaria general, María Dolores de Cospedal, argumentan que «hoy la corrupción se castiga con mayor dureza» y se comprometen a dar nuevos pasos tanto legislativos como de conducta interna. Así, prometen que todos los cargos del PP estarán obligados a dimitir y serán suspendidos si son encausados por delitos relacionados con la corrupción, pero fija el listón -igual que el PSOE- en la apertura del juicio oral, no en la imputación.
El bloque del programa ya lanzado también incluye, por otro lado, la reforma de la ley electoral en el ámbito municipal que ya quiso aprobar esta legislatura para que gobierne el partido más votado y la sempiterna reforma del Senado para que sea una auténtica cámara territorial.
Igualmente plantean incorporar a la ley que regula el uso de la bandera y otros símbolos las previsiones y mecanismos jurídicos que garanticen su estricto cumplimiento.