También reclama al registro de la propiedad el expediente sobre el edificio del número 13 de la madrileña calle Génova
18 nov 2015 . Actualizado a las 20:27 h.El juez de Palma José Castro ha solicitado este miércoles al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional una copia de la facturación presentada en el marco del llamado caso Bárcenas por la empresa que remodeló la sede del PP de Madrid, Unifica Servicios Integrales.
Castro ha dictado una providencia referida a la instrucción del caso Son Espases, en el que investiga el presunto amaño del concurso para construir dicho hospital, en la que además pide a la Agencia Tributaria el expediente electrónico de esa misma empresa, las actas y los informes de delito contra la hacienda pública que pudiera haber contra la misma. El magistrado ha solicitado también una copia de la hoja registral del inmueble número 13 de la calle Génova de dicha ciudad, que es la sede del PP.
Castro reclamó el pasado octubre al PP una relación de las obras de remodelación llevadas a cabo en la sede del partido en Madrid entre el 2002 y el 2010, de las empresas contratadas y subcontratadas que las hicieron y las facturas pagadas. El partido remitió a Castro la información pedida salvo las facturas de la remodelación porque obraban en poder de la Audiencia Nacional, que las pidió en el curso de la investigación del caso Bárcenas.
El PP explicó al juez Castro que la organización política adquirió la sede madrileña en marzo del 2006 y contrató a Unifica para acometer la obra de remodelación. También remitió al magistrado una copia del libro con los apuntes contables entre el 2004 y el 2010 de una cuenta sobre instalaciones en la que se recogen los pagos de las obras, incluidos pagos por unos 2.702.280 euros a dicha empresa sobre la que ahora el juez realiza la consulta a la Audiencia y a Hacienda.
Los responsables del estudio de arquitectura que reformó la sede del PP en la calle Génova, Gonzalo Urquijo y Belén García, están acusados en el caso Bárcenas, donde la Fiscalía pide para ellos 3 años de cárcel por presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública. También están acusados los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro de Lapuerta (que se enfrentan a una petición fiscal de 5 años de prisión), el exgerente del partido Cristóbal Páez (18 meses de cárcel), así como el PP en calidad de responsable civil subsidiario. Están acusados por haber controlado o haberse beneficiado de la caja b del PP, que funcionó, según el juez José de la Mata, «al menos desde el año 1990 y hasta el año 2008, nutrida con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con entidades beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas».
En el auto de apertura de juicio oral por el caso Bárcenas, dictado el pasado mayo, el juez señaló que el PP pagó con fondos procedentes de un circuito opaco de donativos la reforma de su sede. Parte de esas donaciones, las habría destinado «al pago parcial de la cantidad de 888.000 euros con que fueron retribuidos de forma opaca algunos de los trabajos ejecutados por Unifica al PP al margen de la facturación y contabilidad oficial».