La decisión se notificará personalmente a cada uno de miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y a los consejeros del gobierno en funciones de la Generalitat
11 nov 2015 . Actualizado a las 21:25 h.El Tribunal Constitucional ha acordado por unanimidad la suspensión de la moción independentista aprobada este lunes por el Parlamento de Cataluña. La medida tiene caracter automático tras admitir a trámite la impugnación presentada por el Gobierno ante la resolución aprobada en la cámara catalana. Además la decisión se notificará personalmente a cada uno de miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña y a los miembros del gobierno de la Generalitat en funciones.
Al haberlo solicitado el Gobierno y en cumplimiento del artículo 161.2 de la propia Constitución, la admisión del recurso conlleva suspensión cautelar de la vigencia de la declaración durante al menos cinco meses, mientras se estudia el fondo del asunto. En su escrito, el Gobierno señala que la resolución aprobada con el respaldo de los diputados de Junts pel Sí y la Cup «viola con total evidencia» hasta ocho artículos -1.2, 2, 168, 1.3, 1.1, 9.1, 164 y 23- de la Constitución Española además de los principios de lealtad constitucional y de fidelidad a la Carta Magna.
Además, el Tribunal Constitucional ha decidido notificar su decisión de forma personal a 21 cargos catalanes, entre ellos Artur Mas y Carmen Forcadell, a los que avisa de que incurrirán en delito de desobediencia si no acatan su decisión. El tribunal de garantías ha decidido, por primera vez, notificar en mano su resolución, pues se trata de una de las prerrogativas introducidas en la última reforma de la ley orgánica que rige su funcionamiento.
El tribunal da traslado de la demanda al Parlament, a través de su presidenta, para que en el plazo de diez días pueda personarse en el proceso y formular alegaciones. También recaba el auxilio jurisdiccional del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para emitir las notificaciones y apercibimientos. A todos se les advierte de su deber de «impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y se les apercibe de eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».
El Gobierno ha expresado su satisfacción por la decisión del Constitucional y considera que la rapidez de esa decisión demuestra la fortaleza de las instituciones.«Esto demuestra la fortaleza de nuestras instituciones, la solidez de nuestra democracia y el imperio de la ley en España», han subrayado fuentes de Moncloa.
Por su parte, la vicepresidenta del Govern, Neus Munté, ha anunciado que el Ejecutivo catalán tiene la «voluntad» de aplicar la resolución independentista pese a que el Tribunal Constitucional haya decidido suspenderla. «Los motivos son claros: es el mandato de un Parlamento soberano», ha explicado en rueda de prensa en el Palau de la Generalitat tras saberse la decisión del alto tribunal.
El recurso del Gobierno
La Abogada General del Estado, Marta Silva de Lapuerta, ha presentado a las 11.30 horas en el Tribunal Constitucional el recurso. El Gobierno también ha pedido al Constitucional que aperciba a 21 altos cargos catalanes, entre ellos el presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de que el incumplimiento de sus mandatos puede llevar a un delito de desobediencia y a suspenderles de sus funciones. También reclama que se les aperciba del posible delito de desobediencia de los mandatos judiciales en caso de incumplimiento.
Después de que el Parlamento de Cataluña aprobase el lunes con los votos de los 72 diputados de Junts pel Sí y la CUP la declaración secesionista que pretende avanzar hacia una «república catalana», el Gobierno solicitó de inmediato el informe preceptivo del Consejo de Estado para recurrir al Tribunal Constitucional. Esa institución avaló por unanimidad ese recurso al considerar que «existen fundamentos jurídicos suficientes» para ello. El dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno se fundamenta en el artículo 161.2 de la Constitución, que establece que el Ejecutivo puede impugnar ante el TC las decisiones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas.