Un Consejo de Ministros extraordinario recurrirá el próximo martes la moción secesionista

Nuria Vega MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Jesus Diges | EFE

Hasta cinco ministerios trabajan ya en la preparación del recurso al Constitucional

06 nov 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

No transcurrirán ni 48 horas desde el momento en el que el Parlamento de Cataluña apruebe la resolución que abre el camino a la ruptura con España hasta que el Gobierno impugne el texto ante el Tribunal Constitucional. Mariano Rajoy garantizó ayer que reaccionará con «la mayor rapidez posible» para frenar lo que considera un «disparate». No son solo palabras. Los servicios jurídicos del Estado, según fuentes de la Moncloa, tienen ya muy avanzado el recurso con el que dejarán sin efecto la declaración de intenciones de Junts pel Sí y la CUP, que pretenden dar el 9 de noviembre, un año después de su consulta soberanista, el pistoletazo de salida a la creación de una república catalana.

El calendario con el que trabaja el Gobierno se activará el lunes por la mañana. En cuanto el Parlamento autonómico dé luz verde a la moción que promueve un proceso constituyente en Cataluña, el presidente levantará el teléfono para solicitar al Consejo de Estado el dictamen preceptivo sobre el contenido de la resolución. Con esta petición, el Consejo de Estado se reunirá a primera hora del martes para consensuar el informe que a media mañana de ese mismo día estudiará el Consejo de Ministros. En una reunión extraordinaria, sin esperar a la habitual de los viernes, el Gobierno aprobará la presentación del recurso de inconstitucionalidad que horas después será registrado en la ventanilla del Tribunal Constitucional.

De cumplirse este calendario, el Ejecutivo estaría dispuesto a reaccionar incluso más rápido que en septiembre del 2014, cuando entró en vigor la ley catalana de consultas y Artur Mas llamó a votar el 9N sobre si Cataluña debía ser un Estado independiente. En aquel momento, el Gobierno impugnó ambos extremos 48 horas después del anuncio del presidente de la Generalitat. Esta vez, la «urgencia», según fuentes gubernamentales, exige una actuación inmediata.

Respuestas proporcionadas

Esta será la primera de las medidas reactivas del Gobierno ante el desafío planteado por las fuerzas independentistas después de las elecciones catalanas del pasado 27 de septiembre. En la Moncloa se garantiza que las decisiones del Ejecutivo siempre dependerán de la magnitud de los pasos que den los sectores secesionistas. «Las respuestas del Gobierno serán proporcionales, ajustadas a la legalidad y, desde luego, acordadas y comunicadas al resto de fuerzas políticas», subrayó ayer Rajoy en la firma de un acuerdo electoral con UPN en Navarra. El presidente confía además en que en algún punto del proceso «vuelva el sentido común» y Junts pel Sí y la CUP sean «capaces de rectificar».

Los argumentos a los que se aferrará la próxima semana el Gobierno para impugnar la resolución independentista son los mismos sobre los que se sustentan los recursos de amparo que PP, Ciudadanos y el PSC presentaron el miércoles ante el Constitucional. El Gobierno pone especial énfasis en el texto de los populares. En él, el partido considera que las formaciones secesionistas proponen un proceso constituyente en Cataluña que no respeta los fundamentos básico del sistema constitucional, que otorga a la Cámara catalana «poderes ilimitados» y que «incita a la desobediencia».

Aunque la abogada general del Estado, Marta Silva, es la coordinadora en la elaboración de este documento, hasta cinco ministerios colaboran. Por razones competenciales, Presidencia y Justicia llevan el peso de la tarea, pero en los últimos días han recibido el apoyo de las subsecretarías de Interior, Economía y Hacienda.