Junts pel Sí y la CUP llevan al Parlament una moción para crear la república catalana
28 oct 2015 . Actualizado a las 17:20 h.«El Estado no va a renunciar al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las leyes». Mariano Rajoy no lo dijo ayer expresamente, pero por primera vez puso sobre la mesa como respuesta al desafío independentista catalán la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la posibilidad de intervenir una autonomía. Ese artículo de la Carta Magna condiciona precisamente su aplicación a que una comunidad atente contra el «interés general de España», que fueron exactamente las palabras empleadas por Rajoy.
Antes de anunciarlo en la Moncloa en una declaración institucional, el presidente hablo por teléfono con los líderes del PSOE, Pedro Sánchez, y de Ciudadanos, Albert Rivera, con los que coincidió en la necesidad de garantizar el cumplimiento de la ley. El detonante de este salto cualitativo en la respuesta al órdago independentista fue el registro en el Parlamento autonómico de una propuesta conjunta entre Junts pel Sí y la CUP para «el inicio del proceso creación del Estado catalán independiente» que tendría «forma de república», y que, según quienes la suscriben, debería aprobarse en la cámara la semana que viene.
«Es una provocación»
Rajoy calificó este acto como una «provocación de quienes pretenden saltarse la ley porque saben que la ley no está de su parte». Y acto seguido advirtió de que el Gobierno «garantiza y garantizará que no van a lograr sus objetivos y que de ser aprobada no surtirá ni uno solo de sus efectos». La posterior alusión a la defensa del «interés general de España» fue interpretada como una clara referencia al artículo 155, que establece que, si no cumplen sus obligaciones constitucionales, el Gobierno «podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas» para que se cumplan. La aplicación de este precepto requiere, sin embargo, de muchos pasos previos, que concluirían con la aprobación por mayoría absoluta en el Senado. Por tanto, antes de ello, el Gobierno utilizaría la vía del recuso ante el Constitucional. Rajoy explicó que «quienes quieran separar y dividir a Cataluña deben saber que no lo van a lograr» y también que «tienen enfrente la ley y a un Gobierno dispuesto a hacerla valer». «Mientras yo sea presidente del Gobierno de una nación de ciudadanos libres e iguales la justicia prevalecerá a la sinrazón», concluyó el jefe del Ejecutivo, que mandó «un mensaje de tranquilidad a todos los españoles, y muy especialmente a los catalanes».
En la única pregunta a la que contestó en su comparecencia, Rajoy recordó que la reciente reforma del Tribunal Constitucional garantiza que se cumplirán sus sentencias y dijo lamentar «que algunos hayan llegado a plantear una situación como esta». La intención del Gobierno es que primero sea el Grupo Popular en el Parlamento catalán el que pida a la mesa de la cámara que revoque la admisión al registro de esa iniciativa, aprobada ayer con los votos de Junts pel Sí y la CUP. Y, ante la previsible negativa, sería ya el Gobierno el que recurriría al Constitucional cualquier paso en la dirección de la creación de un Estado catalán independiente.
Constitucional «deslegitimado»
La propuesta de resolución presentada por Junts pel Sí y la CUP reclama que, en el marco del proceso de independencia, en un máximo de 30 días comience la tramitación de las leyes del proceso constituyente, la seguridad social y la hacienda propia. Afirma además que el Constitucional está «deslegitimado» desde su sentencia en contra del Estatuto catalán, por lo que el proceso de «desconexión democrática» no se supeditará «a las decisiones de las instituciones del Estado español».