Gobierno y PSOE tratan de sofocar el incendio desatado por Susana Díaz con el cupo vasco

ramón gorriarán MADRID / COLPISA

ESPAÑA

J.L.Cereijido | EFE

El Ejecutivo de Rajoy insiste en que los sistemas forales del País Vasco y Navarra «no están en cuestión»

09 oct 2015 . Actualizado a las 07:56 h.

El Gobierno y el PSOE rara vez comparten postura en los asuntos territoriales, pero en esta ocasión fueron de la mano a extinguir el fuego prendido por la presidenta de la Junta de Andalucía al cuestionar las haciendas forales del País Vasco y Navarra. El Ejecutivo hizo una «defensa absoluta» de ambos sistemas fiscales y negó que constituyan un «privilegio». Pedro Sánchez aseguró que los socialistas se sienten «a gusto» con esos modelos.

Lo que quería ser un toque de atención de andar por casa de Susana Díaz al secretario general del PSOE desembocó en una polémica a múltiples bandas que salpicó al Gobierno de Mariano Rajoy, al Ejecutivo de Iñigo Urkullu, al PSOE y a las comunidades autónomas.

La presidenta andaluza pidió el lunes y reiteró el martes que hay que «modular», o lo que es lo mismo revisar al alza, la cantidad de dinero que pagan Navarra y el País Vasco por los servicios que presta la Administración central en sus territorios, el denominado cupo. Pero tanto la Moncloa como Ferraz desestimaron ayer la idea.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas emitió un comunicado para señalar que los sistemas forales vasco y navarro «no están en cuestión» porque han demostrado «su eficacia y eficiencia», y han conducido a ambos territorios a sus «más altas cotas de desarrollo y prosperidad». El Gobierno arguyó además que los regímenes forales no constituyen «un privilegio», y recordó que por su «larga historia fueron consagrados» en la Constitución hace 37 años. En resumen, no hay nada que modular ni que revisar.

El verdadero debate

La Moncloa jugaba en este terreno con una ventaja sobre los socialistas porque puede hablar con contundencia dado que ninguna comunidad gobernada por el PP ha planteado en los últimos tiempos reparos a la foralidad de Navarra y el País Vasco. No así el líder socialista que es consciente de que Díaz, con independencia de que considere justo o injusto el cupo, le dio un aviso para marcar la pauta sobre los derroteros por los que debe discurrir el discurso territorial y de financiación autonómica del PSOE. El toque de atención doméstico derivó, sin embargo, en una polémica nacional que Pedro Sánchez intentó acallar con el compromiso de que los socialistas, sin distinciones de comunidad, se sienten «cómodos» con el Concierto Económico del País Vasco y el Convenio de Navarra.

El secretario general del PSOE intentó reorientar el foco de la discusión y lo trasladó al futuro sistema de financiación autonómica, que es, dijo, «el verdadero debate». Recordó además que la Declaración de Granada, la biblia autonómica de los socialistas, reconoció la legitimidad de los regímenes forales, un planteamiento que hace dos años suscribieron del primero al último barón socialista.

El líder del PSOE trató de apaciguar un debate que tomó derroteros inquietantes para la imagen de unidad territorial y de cohesión interna que intenta proyectar Sánchez, al menos hasta las elecciones generales del 20 de diciembre. Y es que las palabras de Díez encontraron eco casi inmediato en el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, quien se quejó que la foralidad vasca y navarra causa «asimetrías», mientras que el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, argumentó que «cupo, sí; cuponazo, no». Incluso el portavoz del PSOE en el Congreso, el siempre ortodoxo Antonio Hernando, abogó por recalcular el montante económico del concepto porque, a su juicio, es «revisable».

Sánchez no está dispuesto a dar barra libre a sus barones en esta polémica a dos meses de las elecciones generales. Ni tampoco Rajoy, aunque tenga menos polémica interna que el socialista. El presidente del Gobierno también apuntó que el meollo está en el futuro modelo de financiación de las comunidades, y confió en que la nueva fórmula esté aprobada «por unanimidad» en el primer semestre del próximo año.

El jefe del Ejecutivo espera que el modelo que se pacte acabe con la costumbre de tirarse «los trastos a la cabeza» entre Hacienda y los gobiernos autonómicos. Para eso, añadió, es necesario «el concurso de todos y buena voluntad».