Moncloa asegura que el Ejecutivo en funciones velará por el cumplimento de la ley en Cataluña

La decisión de Mariano Rajoy de convocar elecciones generales para el 20 de diciembre implica que a partir de esa misma fecha su Gobierno estará en funciones hasta que se forme un nuevo Ejecutivo. Un período de interinidad que será largo, al margen de cuales sean los resultados electorales, porque, descartada la mayoría absoluta de ningún partido, habrá que tejer complicados pactos para gobernar. Una aparente debilidad que los independentistas catalanes, que para entonces ya habrán formado previsiblemente un Ejecutivo en la Generalitat, podrían tratar de aprovechar para poner en marcha su hoja de ruta para la secesión. El Gobierno de Mariano Rajoy es consciente de ese solapamiento, pero garantiza que no se producirá ningún vacío legal durante ese período de interinidad, al margen de quién gane las elecciones generales. Fuentes del Ejecutivo aseguraron ayer que seguirán velando hasta el último momento por el cumplimiento de la ley. Y que, al margen de que se encuentre en funciones, en caso de que la Generalitat o el Parlamento tomara alguna medida que no se ajustara a la legalidad, el Gobierno la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

Y tampoco aprecia el Gobierno ningún peligro en el hecho de que el Parlamento se vaya a disolver el próximo día 27 de octubre cuado entre en vigor el decreto de convocatoria de elecciones que se aprobará el día anterior, respetando así el plazo de 54 días entre la llamada a las urnas y la celebración de los comicios. Las mismas fuentes explicaron que la Diputación Permanente asume todos los poderes y funciones del Congreso y el Senado cuando estos se encuentran disueltos. Y, por ello, el Gobierno estaría facultado por ejemplo, en caso de que fuera necesario, para aplicar el artículo 155 de la Constitución, que le permite, previa autorización del Senado asumir las competencias del Gobierno de una Comunidad que actuara de forma que «atente gravemente al interés general de España».

La fecha tope para que se constituyan las Cortes es sin embargo el 14 de enero de 2016. Eso indica que a partir de esa fecha, y aunque el Gobierno de Mariano Rajoy seguirá en funciones hasta que se forme el nuevo Ejecutivo, no dispondría ya, previsiblemente, de la mayoría absoluta del Senado, necesaria para poner en marcha dicho artículo. En esas condiciones, el Gobierno podría recurrir la medida al Constitucional, pero la aplicación del artículo 155 en caso de una declaración de independencia en Cataluña ya no estaría en manos del Gobierno de Rajoy, sino de la nueva mayoría Parlamentaria que se forme en el Senado.

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