El Gobierno ha recurrido y el Constitucional ha paralizado la ley de consultas, que facultaba a la Generalitat la convocatoria de referendos, así como los embriones de la futura hacienda propia y la Seguridad Social
16 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno central y el catalán llevan años jugando al gato y al ratón. Cada vez que el Ejecutivo de Artur Mas da un paso en la línea de aumentar su autonomía y acercarse a un Estado independiente, desde la administración central paralizan sus iniciativas por la vía de los recursos al Tribunal Constitucional. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos meses con las llamadas estructuras de Estado, las entidades nacionales que Mas aspira a tener antes de que Cataluña, si llega el momento, proclame la independencia.
Hasta la fecha, el Gobierno ha recurrido y el Constitucional ha paralizado la ley de consultas, que facultaba a la Generalitat la convocatoria de referendos (declarada ya inconstitucional), así como los embriones de la futura hacienda propia y la Seguridad Social, la diplomacia exterior y el comisionado para la transición nacional.
El pasado 30 de junio, el Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno contra varios artículos de la ley de acompañamiento de los Presupuestos catalanes que facultaban al Gobierno autonómico para crear una agencia tributaria, una agencia de la protección social, así como la puesta en marcha de un inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña y el catálogo de infraestructuras estratégicas. El Ejecutivo central impugnó además el decreto que aprobó la creación por parte de la Generalitat de un comisionado para la transición nacional.
La corte de garantías pareció en julio que iba a aflojar su criterio con el levantamiento de la suspensión temporal que pesaba sobre la parte de la ley de acción exterior del Parlamento que regula las delegaciones de la Generalitat en el extranjero y la capacidad del Gobierno autonómico de firmar acuerdos con organismos internacionales y designar sus representantes ante la Unión Europea. Sin embargo, el Constitucional mantuvo en suspenso el resto de la ley, y en especial todos los capítulos que definen o se refieren a Cataluña como «sujeto internacional» o a su capacidad de «establecer relaciones diplomáticas». El Constitucional culminó, por ahora, su tarea el lunes pasado con la paralización el artículo 4 de la ley de creación de la Agencia Tributaria, que regula la integración de funcionarios del Estado y de la propia Administración catalana a la futura Hacienda catalana.
Acatar y cumplir
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insistió ayer en reclamar a la Generalitat que acate y cumpla la resolución del tribunal. «El Gobierno recurrió porque pensábamos que era un paso que iba en contra de la ley y era contrario a la convivencia de instituciones en Cataluña», afirmó Sáenz de Santamaría. Para la vicepresidenta, la Generalitat intenta superar «metas volantes para conseguir determinadas finalidades».
La vicepresidenta catalana, Neus Munté, replicó que «hay que tener coraje» para reclamar a la Generalitat que acate las decisiones del Constitucional cuando es el Ejecutivo central quien las incumple «sistemáticamente». Aun así, Munté reiteró la voluntad del Gobierno catalán de «seguir desarrollando una estructura de Estado que considera imprescindible», como es la agencia tributaria. En este sentido, señaló que el Gobierno catalán no va a frenar el proceso de selección de personal para su agencia tributaria, cuya creación en cualquier caso queda para después del 27S.