El socialista Maragall destapó una olla que llevaba un par décadas en ebullición
03 sep 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Más que vox populi era un secreto populi que una de las vías de financiación de Convergència Democrática de Catalunya era el cobro de comisiones a empresas a cambio de contratos de las administraciones que gobernaba. Se admitía sin más, con normalidad. Nadie lo denunciaba ni lo hacía público. Hasta que el 24 de febrero del 2005, el socialista Pasqual Maragall, entonces presidente de la Generalitat tras 23 años de pujolismo, espetó a Artur Mas en el Parlamento de Cataluña: «Ustedes tienen un problema. Y ese problema se llama 3 %». Ese día, Maragall destapó una olla que llevaba un par décadas en ebullición.
Hasta que llegó el caso Pujol y saltaron los velos de la financiación del partido fundado por el expresidente y ahora encabezado por Mas. Hasta entonces, Convergència había tenido la habilidad de acotar los casos que surgían a actuaciones particulares. Como el desfalco del Palau de la Música, en el que una constructora pagaba a la entidad cultural barcelonesa sumas multimillonarias por contratos con las administraciones catalanas. De ese dinero, 6,6 millones de euros, según la investigación judicial, fueron a las arcas convergentes. Pagaron el pato los responsables del Palau y un extesorero de Convergència. Las evidencias, no obstante, llevaron al juez a embargar 15 sedes del partido.
La investigación sobre la herencia no declarada y confesada por Jordi Pujol en julio del 2014 enseguida se adentró por los vericuetos de la financiación del partido y las fortunas amasadas por algunos de los hijos del expresidente. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Guardia Civil encontró otra modalidad en el cobro de comisiones. Ni el 3 ni el 5, el 4,5 %. Del que el 3 % iría a Convergència y el 1,5 restante a la familia Pujol. Artur Mas, de nuevo, dijo desconocer los negocios de la familia Pujol y los cobros ilegales del partido.
Hasta que una investigación perdida en un juzgado de El Vendrell, en Tarragona, motivada por una denuncia de Esquerra y del PSC, destapó con pelos y señales el sistema de siempre: pagos de otra constructora, Teyco en este caso, a cargos de Convergència, sumas que iban a financiar al partido. Esta vez había papeles y la Guardia Civil allanó la sede principal del partido, su fundación y cuatro municipios gobernados por los convergentes. Una estocada a un sistema que al parecer se implantó desde los primeros tiempos del pujolismo en los años ochenta, que conoció su apogeo en los noventa, y que continuó, al menos, hasta el año pasado. Era parte del paisaje político de Cataluña.