La Guardia Civil registra la sede de Convergència, su fundación, cuatro ayuntamientos catalanes y el domicilio del extesorero del partido a la búsqueda de pruebas de comisiones del 3 % por adjudicaciones de obras
29 ago 2015 . Actualizado a las 09:05 h.La sombra de la corrupción conmocionó este viernes la campaña de los independentistas, sobre todo la de Convergència, formación integrada en la lista independentista de Juntos por el Sí, junto a Esquerra y las plataformas soberanistas. A un mes de las elecciones del 27S, la Guardia Civil registró la sede delpartido en Barcelona, así como su fundación CatDem, cuatro ayuntamientos gobernados por los nacionalistas (Lloret de Mar, Figueras, Sant Celoni y Sant Cugat) y el domicilio del extesorero de la organización Daniel Osácar, imputado en el caso Palau y para el que la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel.
Los agentes, en el marco de la operación Petrum II, dirigida desde la Fiscalía Anticorrupción, buscaron documentación relacionada con el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de la formación nacionalista a cambio de la adjudicación de obra pública. Otra vez el famoso 3%, un fantasma con visos de ser real y que persigue a Convergència desde que en el 2005 Pasqual Maragall deslizó su célebre acusación -«ustedes tienen un problema y se llama 3%»- y que salpicó de lleno al partido que lidera Artur Mas cuando el juez del caso Palau le embargó como garantía de pago su sede central (luego hizo lo propio con otros 15 locales) y acusó al partido de haberse beneficiado de seis millones a través del expolio millonario perpetrado contra la entidad cultural.
El registro policial de este viernes, en el que no se practicaron detenciones, investigaba los vínculos entre la familia Sumarroca, fundadora de Convergència y propietaria de la constructora Teyco, y la financiación de la formación nacionalista. Se sospecha que la empresa constructora habría pagado comisiones ilegales del 3% al partido a cambio de la adjudicación de concursos públicos en Figueres, Lloret de Mar, Sant Celoni y Sant Cugat del Vallès, cuyos consistorios también fueron registrados por la Guardia Civil. Estas presuntas mordidas comprometen a destacados dirigentes convergentes, como el consejero de Obras Públicas, Santi Vila, alcalde de Figueras cuando se habrían producido los pagos (2008 y 2009); el exconsejero Lluís Recoder, alcalde en Sant Cugat en esa época; así como su mano derecha, Mercè Conesa, entoces concejal de Urbanismo y en la actualidad presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa del municipio.
Los pagos ilegales se habrían abonado a través de CatDem, la fundación de Convergència que actúa de think tank y que siempre ha estado en el ojo del huracán. Daniel Osácar, extesorero de CDC fue administrador de la fundación, que antes se llamaba Trias Fargas, y está imputado por financiar el partido de manera irregular a través del Palau. La operación llevada a cabo este viernes es continuación de una investigación que arrancó hace dos años en el municipio tarraconense de Torredembarra.
El pasado 24 de julio, la Guardia Civil detuvo al exconsejero delegado de Teyco, Jordi Sumarroca, hijo de uno de los fundadores de Convergència y persona muy próxima a Jordi Pujol, junto a otros dos miembros de su familia también vinculados a la constructora, así como al exalcalde de Torredembarra y un asesor fiscal. Un juez de El Vendrell (Tarragona) sospecha que la familia Sumarroca habría pagado supuestas comisiones de casi 1,4 millones de euros a empresas del exalcalde de Torredembarra. La Fiscalía considera que existen nexos entre el exalcalde del municipio y la financiación irregular de CDC, pues no en vano cuando Jordi Sumarroca fue detenido se le encontraron en casa notas manuscritas que detallaban pagos de comisiones.
CDC acusa a la Fiscalía
A las puertas del inicio de la carrera electoral, Convergència, cuya sede fue registrada por la Guardia Civil por primera vez en su historia, recibió un duro golpe, justo cuando trata de refundarse y romper amarras con todo lo que tiene que ver con el pujolismo y la corrupción.
Las nuevas sospechas de financiación irregular llegaron además un día despues de que Juntos por el Sí diera a conocer su argumentario de campaña, en el que ensalza la trayectoria y la labor de Mas, al que presenta como un adalid en la lucha contra la corrupción. «La reacción clara y sin paliativos ante los casos de corrupción muestra su voluntad inequívoca de combatir la corrupción y regenerar la democracia», señala el ideario de los independentistas.
El impacto de los registros en la credibilidad del partido de Mas fue mayúsculo, de ahí que los dirigentes de Convergència reaccionara con contundencia y se defendieron de las acusaciones atacando a los poderes del Estado porque, a su juicio, existen motivaciones políticas en la operación de la Fiscalía. «Alguno ha querido entrar en campaña antes de hora», se quejó Josep Rull, número dos de los convergentes. «Es evidente que con la actuación policial no había voluntad de saber la verdad, sino de montar un espectáculo público y mediático», añadió. «Desde el 9-N, sabemos para quién actúa la Fiscalía. Está clara la intención política de la operación», remató.
Desde el Gobierno catalán, Francesc Homs, insistió en que desde instancias del Estado se había orquestado un espectáculo televisivo para «hacer mal» a Convergència a 30 días de las elecciones. «Es lamentable que entren en campaña de esta manera. En CDC no somos corruptos, somos gente honrada y estamos hartos de acusaciones frívolas», dijo. Convergència inistió en que sus cuentas están auditadas y admitió que Teyco y Bluegreen, empresas vinculadas a los Sumarroca, han hecho aportaciones en forma de donativo legal a la fundación CatDem por valor 150.000 y 207.000 euros en los últimos años.
El cabeza de lista de Juntos por el Sí, Raül Romeva, soslayó la dialéctica de las críticas y reclamó que se «aclaren» las sospechas de corrupción y se «asuman responsabilidades sin excepciones».