Asegura que Cataluña no tendrá la Hacienda propia que ayer presentó
28 jul 2015 . Actualizado a las 08:08 h.Artur Mas dio ayer un nuevo paso en su estrategia para llevar a Cataluña a una declaración unilateral de la independencia fuera de la legalidad vigente. El presidente de la Generalitat presentó el modelo de Administración Tributaria que tiene intención de crear si la lista unitaria en la que concurrirá a las elecciones del 27 de septiembre resulta ganadora. «Estamos a punto y preparados», dijo durante la clausura del acto. El organismo de recaudación y gestión, en el que lleva meses trabajando el Gobierno catalán, es una de las «estructuras de Estado» que Mas siempre ha considerado prioritaria para construir una Cataluña al margen de España.
Mas no ofreció detalle alguno sobre cómo funcionaría su anhelada administración tributaria ni tampoco especificó cuánto tardará en ponerla en marcha, aunque sí la vinculó a que el independentismo obtenga un respaldo mayoritario en las urnas . El Gobierno central, en todo caso, ya ha dejado claro que si se pone en marcha, en los términos a priori planteados, es decir, como una Hacienda propia que ignore las competencias del Estado, la impugnará ante el Tribunal Constitucional, como ha hecho en el pasado con otras iniciativas de la Generalitat.
Aún es pronto para eso, porque lo único que ha hecho de momento el Ejecutivo catalán es exponer sus planes, de modo que no hay acto recurrible. El Gobierno, dijo el portavoz del PP, Pablo Casado, responderá de forma proporcionada y oportuna, a medida que la Generalitat vaya tomando decisiones, no sobre meras declaraciones, como ayer. Pero insistió en que «no se va a permitir» que Cataluña tenga una Hacienda propia, como la navarra o la vasca, constitucionalmente reconocidas. Al hilo de la diferencia con estas dos comunidades, precisamente, Mas admitió que cuando se negoció la Constitución su partido no quiso tener un sistema fiscal propio. «Lo que en aquel momento se consideró un tema secundario fue un error muy grande y no solo atribuible a la actitud de Estado», convino. Aun así, argumentó que cuando Cataluña ha intentado corregir ese «error» no ha encontrado la «más mínima comprensión» del Estado. El líder de Convergència siempre ha vinculado su deriva independentista a esta cuestión, la falta de voluntad de diálogo de los sucesivos gobiernos centrales sobre el injusto trato económico que, a su juicio, recibe Cataluña. La Generalitat llegó a cifrar en 16.409 millones de euros el déficit fiscal de España con los catalanes, una cifra que no pocos economistas ponen en cuestión.
Huida de empresas
Pablo Casado no entró en ese asunto, pero sí adujo que el Ejecutivo autonómico ha tenido que recurrir al «fondo de la caja común» para financiar los «servicios sociales básicos» y argumentó que la Agencia Tributaria propia provocaría una huida de capitales y empresas. «Alguna importante ya lo ha dicho», afirmó. También la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, desdeñó la iniciativa de Mas, pero ni siquiera se digno a valorar sus contras. Simplemente, afirmó que «está dando pasos a ninguna parte» y que ninguna de las medidas que pueda tomar hacia el independentismo «prosperará».
«No son posibles medidas como las que pretende y se lo han dicho tanto el Gobierno como los tribunales en reiteradas ocasiones», insistió. A pesar de que tanto el portavoz del PP como múltiples miembros del Gobierno han insistido en que se hará cumplir la ley con «todos los resortes del Estado», sin descartar la intervención de la autonomía, el artículo 155 de la Constitución, Sáenz de Santamaría sorteó esta cuestión. En el Ejecutivo piden que no se adelanten acontecimientos. Y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que ni se ha debatido ni nadie en el Gobierno «contempla esa posibilidad». Al menos, a día de hoy.