Asegura que fue ella quien renunció, lo que niegan en la Zarzuela
13 jun 2015 . Actualizado a las 08:43 h.No podía haber optado por una decisión más drástica para demostrar hasta dónde está dispuesto a llegar en su apuesta por la regeneración de la monarquía que la de arrebatar a su hermana el título de duquesa de Palma, pero el gesto de Felipe VI quedó enturbiado por la reacción de la propia Cristina de Borbón. Su abogado en el caso Nóos, Miquel Roca, aseguró ayer que en realidad fue la infanta quien comunicó al jefe del Estado su voluntad de renunciar al ducado a través de una carta fechada el 1 de junio. El malestar en la Zarzuela no tardó en hacerse evidente. Fuentes oficiales aseguran que la citada carta existe y que, efectivamente, está fechada a principios de este mes en Ginebra, como después pudo comprobarse gracias a su difusión, pero aseguran que doña Cristina la envió el mismo jueves después de que el rey le comunicara su intención de despojarle de la distinción regia, concedida por su padre como regalo por su matrimonio en 1997.
El cruce de versiones denota lo deteriorada que está la relación del rey con su hermana, enfrentados desde hace años por el modo en que él siempre consideró que debía gestionarse el escándalo surgido cuando se destaparon los turbios negocios de su marido. Antaño habría sido impensable que alguien tan vinculado a la corona como la infanta y como el mismo Roca -contratado por decisión directa de don Juan Carlos cuando, hace algo más de dos años, se confirmó la imputación de la infanta- osara poner en solfa las explicaciones ofrecidas desde la Casa del Rey. Doña Cristina dinamitó ayer esa regla no escrita.
En la Zarzuela vinculan el testimonio del abogado a una estrategia de defensa jurídica. Ser duquesa de Palma o no en nada afecta a la situación procesal de la hermana del monarca, que tendrá que sentarse en el banquillo, probablemente a principios de 2016, para hacer frente a una petición de ocho años de cárcel por colaboración necesaria en el fraude fiscal cometido por Urdangarin en el 2007 y el 2008.
La infanta nunca entendió la decisión de su padre de apartarla de los actos de la familia real a finales del 2011, una prevención que don Juan Carlos no fue capaz de comunicarle personalmente y que asumió el entonces jefe de la Casa, Rafael Spottorno. Ella lo vivió como una condena previa y por el mismo motivo se ha resistido estos años a las muchas presiones recibidas para que, en un gesto más simbólico que determinante, renunciara a sus derechos dinásticos. Presiones que se hicieron especialmente intensas a partir del 22 de diciembre del año pasado, cuando el juez Castro dictó el auto firme de apertura de juicio oral.
La carta
En la polémica misiva, Cristina de Borbón evita cualquier signo de autoinculpación. De su puño y letra, la infanta explica que cuando conoció las iniciativas de fuerzas políticas que demandaban que se la privara del título de duquesa de Palma, lo vivió con «enorme disgusto e incomodidad» y que no quiso hacerles caso para que no se interpretara que poco le importaba un título que, en cambio, le «llenó de satisfacción» por su relación con esa tierra. «No obstante, en este momento, después de una larga y dolorosa reflexión, he llegado a la conclusión de que debo manifestar a S. M. mi voluntad de renunciar al título de duquesa de Palma evitando así cualquier polémica que por razón de ello pudiera plantearse en la Ciudad de Palma», esgrime en la carta.
Lo que no termina de estar claro es el por qué del momento elegido. En la Zarzuela apuntan a que está cerca de cumplirse un año desde la proclamación en la que don Felipe se comprometió a velar por la «dignidad» y el «prestigio» de la Corona, y al hecho de que ha pasado tiempo desde que cambiara la situación judicial de la infanta sin que esta moviera ficha, como se le había reclamado. Es probable que la posibilidad de que el Parlamento balear debata en próximas fechas el asunto también haya influido.
Aferrada a los derechos dinásticos
La infanta Cristina ya no es duquesa de Palma. Con la publicación en el BOE se despidió del título que recibió pocos días antes de su boda con Iñaki Urdangarin, quien de esta manera pasó a tener el rango nobiliario del que carecía y del que hizo uso. El título nobiliario era lo único que don Felipe podía arrebatarle a su hermana para escenificar el distanciamiento entre la Casa Real y una imputada. ¿Por qué la infanta Cristina no completó su gesto -suponiendo que haya sido voluntario- y renunció también a sus derechos dinásticos? Su salida de la línea de sucesión al trono, en la que ocupa la sexta posición, es voluntaria, en ningún caso podría apartarla don Felipe, por mucho que en el juicio que está por llegar sea declarada culpable. Su renuncia no conllevaría en ningún caso la de sus hijos, que adelantarían un puesto.
Evitar el banquillo, prioridad absoluta
La infanta Cristina se centra ahora con sus abogados en su mayor obsesión, evitar a toda costa el trago de pasarse semanas o meses sentada en el banquillo de los acusados durante la vista oral del caso Nóos. Según fuentes del proceso, la hermana del rey ya ha dejado claro a sus letrados que su prioridad absoluta es evitar incluso tener que pisar el polígono industrial de las afueras de Palma donde se celebrará el juicio el próximo año.
Miquel Roca y su equipo de letrados ya han hecho saber a Cristina de Borbón que, siendo imputada, va a ser muy difícil, por no decir imposible, evitar al menos un primer paseíllo a la sede de la Audiencia Provincial de Palma. La idea de la defensa de la hermana de Felipe VI es plantear la aplicación de la doctrina Botín en las cuestiones previas del juicio el mismo día del inicio de la vista. Pretende reclamar al tribunal que se resuelva este asunto antes de comenzar propiamente el juicio. Si la Audiencia accediera a darse prisa y le diera la razón, la infanta podría marcharse de la sala para no volver, pues solo quedaría como responsable civil a título lucrativo de los delitos de su marido y con la representación de un abogado en la sala sería suficiente. La doctrina Botín, en principio, impide llevar a juicio a una persona por fraude fiscal si las víctimas de este caso, la Agencia Tributaria, o en su defecto la Fiscalía, garante del interés público, no se sienten damnificadas.