Las principales medidas del programa de Podemos

La Voz

ESPAÑA

Suministro de agua, luz y gas, sanciones a quienes acumulen más de diez viviendas vacías, jornada laboral de 35 horas y creación de nuevos impuestos son algunas de las actuaciones previstas por la formación 

05 may 2015 . Actualizado a las 19:31 h.

El programa del cambio de Podemos consta de 215 medidas, entre las que destacan, por ejemplo, recuperar o crear nuevos impuestos, quitas a las hipotecas, la paralización de los desahucios o sanciones por la acumulación de más de diez viviendas vacías.

Fiscalidad

  • Recuperación del impuesto sobre el patrimonio allí donde haya sido derogado «de facto», así como la disminución del mínimo exento y la revisión de las deducciones y bonificaciones existentes. En concreto, propone reducir el mínimo exento a un patrimonio neto de 400.000 euros, frente a los 700.000 euros aplicables de manera general.
  • Derogación de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones.
  • Revisión de «la mayor parte de las deducciones en la cuota autonómica del IRPF que se practican en la actualidad» y que carecen de carácter redistributivo con sentido progresivo.
  • Incremento de la progresividad del tramo autonómico del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) reduciendo los tipos mínimos que afectan a las rentas inferiores a 25.000 euros, suavizando los tipos entre 25.000 y 50.000 euros y aumentando los tipos impositivos de las rentas superiores a los 50.000 euros.
  • Nuevos impuestos sobre la contaminación atmosférica, sobre actividades de alto riesgo ambiental, sobre el daño medioambiental causado por las grandes áreas de venta, y sobre las bolsas de plástico de un solo uso.
  • Creación de una ecotasa que grave los establecimientos turísticos para corregir sus impactos medioambientales, sociales y culturales.
  • Revisar el Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
  • Declaración de las comunidades autónomas como zonas libres de fracking.

Vivienda y servicios básicos

  • Paralización los desahucios «que afecten a los deudores de buena fe que no hayan podido hacer frente a sus pagos por encontrarse en una situación de dificultad económica».
  • Implantación de un procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que contemplará la limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado -más conocida como dación en pago-; la posibilidad de ajustar la deuda pendiente al valor actual de la vivienda -mediante una nueva tasación con los precios actuales y no los del tiempo de la burbuja-; y la dación en pago retroactiva, a la que podrán acogerse «todas las personas con deudas hipotecarias vivas que ya han entregado su vivienda al banco».
  • Creación de un Servicio Público del Derecho a la Vivienda para comparecer en los procedimientos judiciales y evitar desalojos forzosos sin alternativa habitacional. «Se instará a la autoridad judicial para que se paralicen los desahucios que no cumplan con los estándares internacionales de derechos humanos», añaden.
  • Prohibición de contratar desde las Administraciones Públicas con entidades bancarias que ejecuten desahucios.
  • Procedimiento para sancionar económicamente a entidades o personas que posean más de diez viviendas vacías, y no quieran sacarlas al mercado del alquiler. En los casos muy graves, contemplan «la cesión obligatoria temporal de la vivienda para la gestión pública».
  • Suministro de luz, agua y gas garantizado. Impedirán el corte de estos servicios «cuando se trate de la vivienda habitual del consumidor y cuando el impago de la factura se deba a motivos ajenos a su voluntad». También establecerán un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar.
  • Se estudiará la creación, por parte de cada Comunidad Autónoma, de una empresa comercializadora de electricidad de titularidad pública.
  • Desarrollar un Plan de Garantía de Renta para mejorar y coordinar las denominadas Rentas Mínimas de Inserción que ya existen en muchas comunidades, y otras medidas similares. Uno de los objetivos será aproximar estas rentas, «de forma gradual y en virtud de las posibilidades», al salario mínimo interprofesional (SMI) anual.
  • Desarrollar un plan gradual para la implementación de la jornada laboral de 35 horas con el fin de repartir el empleo, comenzado en el ámbito de la Administración Pública.
  • Creación de la Oficina Pública de Protección frente a la Discriminación, para denunciar situaciones de explotación laboral, acoso y discriminación.
  • Desarrollo de la banca pública en las Comunidades Autónomas.
  • Renegociación de la deuda pública de las Comunidades con el Estado, a través de los tipos de interés, periodos de carencia, plazos de vencimiento y amortización.

Educación, sanidad y servicios sociales

  • Disminución de alumnado por aula en los centros públicos, estableciendo un máximo de 20 en Infantil, 23 en Primaria, 25 en Secundaria, 30 en Bachillerato, 15 en Formación Profesional Básica y 25 en los ciclos formativos de grado medio y superior.
  • Reducción de las horas lectivas del profesorado
  • Mecanismos de evaluación por parte de la Administración Pública para garantizar que en los centros concertados se brinda «una educación de calidad acorde con los principios constitucionales».
  • Educación infantil universal y gratuita desde los 0 años.
  • Incentivos en la contratación de padres y madres solteros así como mayor flexibilidad horaria y permisos por cuidado de hijos más largos que en el caso de las parejas.
  • Garantizarán la cobertura de la interrupción voluntaria del embarazo por el sistema público de salud.
  • Declarar el derecho a una muerte digna.
  • Impulsar la fabricación de medicamentos genéricos que sean beneficiosos para los enfermos con tratamientos muy caros, como la hepatitis C.
  • Reducir el número de cesáreas y los partos inducidos.

Lucha contra la corrupción y la transparencia

  • Obligación de los cargos electos y de libre designación de realizar una declaración de gastos mensuales relativos al ejercicio de su función (gastos de representación, telefonía, etcétera).
  • Ley de prohibición de las «puertas giratorias» y de regulación de lobbies para regular las «organizaciones de intereses» en cada Comunidad Autónoma y sus relaciones con los altos cargos. «Se hará explícita la incompatibilidad del ejercicio de cargos públicos con determinadas actividades privadas».
  • Creación de la Oficina Virtual del Funcionariado para que los funcionarios públicos pueda señalar «de forma anónima» los expedientes administrativos que juzguen irregulares a las instituciones de control y prevención, que tendrán un acceso ilimitado a ellos.
  • Protección laboral a los empleados y empleadas públicos denunciantes o testigos en procesos de corrupción.
  • Evaluación de la deuda de la Administración Pública y de las empresas con participación pública en capital, consorcios e institutos públicos para detectar posibles responsabilidades sancionables tanto económicas como legales de gobiernos anteriores, y abrir procesos de reestructuración de la deuda en las instancias correspondientes y en virtud del Estado de derecho.
  • Reducción drástica de los altos cargos en las comunidades autónomas.

Medios de comunicación

  • «Democratización» de los consejos de radio y televisión públicas a partir de una elección que respete las mayorías y las minorías parlamentarias y en la que participe la sociedad civil a través de un Consejo Ciudadano de participación.
  • Desgubernamentación de los medios públicos, plan de desarrollo de los medios sociales (tercer sector), aprobación de una ley audiovisual que se negociará con el sector.