El programa marco para las autonómicas, que esta tarde presenta Pablo Iglesias, defiende que se cancela la deuda hipotecaria viva de todos aquellos que hayan entregado sus viviendas
06 may 2015 . Actualizado a las 07:19 h.«Un programa realista». Así define Podemos lo que denomina «programa para el cambio», que consta de 215 medidas para afrontar su primera prueba de fuego, las elecciones autonómicas del día 24. Supone una rebaja respecto al que presentó la formación en las europeas de hace un año, ya que no recoge propuestas como la renta básica universal, la jubilación a los 60 años o la auditoría ciudadana de la deuda. Propone una subida de impuestos, tanto en el IRPF para los que ganen más de 50.000 euros, como con la recuperación efectiva del de sucesiones y la reducción del umbral para pagar por patrimonio. Con este aumento y otros nuevos impuestos, sobre todo ecológicos, pretende financiar su paquete social.
Pablo Iglesias aseguró en la presentación que el programa no va a gustar a los responsables de los desahucios, los que tienen cuentas en Suiza, a los que disfrutan de las puertas giratorias o a la «condesa de la corrupción», Esperanza Aguirre. Pero sí a los desahuciados, los que no llegan a fin de mes, los que se tienen que levantar a las seis de la mañana para coger el metro, los parados, los autónomos, la pequeña y mediana empresa, los profesionales que están padeciendo los recortes o los preferentistas.
Fiscalidad
Impuesto de patrimonio a partir de 400.000 euros. Apuesta por recuperar el impuesto sobre el patrimonio en las comunidades donde ha sido derogado y reducir el mínimo exento a 400.000 euros frente a los 700.000 aplicables ahora; intensificar la «progresividad» del tramo autonómico del IRPF, para lo que se reducirán los tipos mínimos que afectan a las rentas inferiores a 25.000 euros, se suavizarán las que vayan de 25.000 a 50.000 y se aumentarán a las superiores a 50.000; y derogar las bonificaciones en el impuesto de sucesiones y donaciones, por las que en la práctica, en algunas comunidades, se ha eliminado o reducido para grupos de alto nivel de renta.
Ley de emergencia
Paralización de los desahucios y agua, luz y gas garantizados. Propone la paralización de los desahucios que afecten a los deudores de buena fe que no hayan podido hacer frente a sus pagos por encontrarse en una situación de dificultad económica; rescate energético, que supondrá no cortar el suministro de electricidad o gas cuando el impago se deba a motivos ajenos a la voluntad del consumidor, en particular la pobreza sobrevenida, o establecer un mínimo vital mensual por hogar, cuyo pago no podrá superar el 10 % de los ingresos mensuales cuando se constate una situación de pobreza.
Deuda
Reconocimiento de la dación en pago. Dentro de lo que denomina «rescate contra el endeudamiento», propugna la implantación del procedimiento judicial simplificado para la reestructuración y cancelación de deudas, que incluye una fase d conciliación y si no hay acuerdo entre acreedor y deudor que decida el juez. De hecho, la limitación de la deuda hipotecaria al valor del bien hipotecado «supone un reconocimiento del derecho a la dación en pago». Todas las personas con deudas hipotecarias vivas que ya han entregado su vivienda podrán acogerse a este procedimiento y cancelar la deuda restante.
Renta básica
Aboga por aumentar la renta mínima de inserción. Renuncia a la renta básica «para todos y cada uno de los ciudadanos por el mero hecho de serlo», que incluía en su programa de las europeas y a la «renta mínima garantizada» que figuraba en la propuesta de los economistas Juan Torres López y Vicenç Navarro de noviembre pasado. Ahora, Podemos aboga por aproximar las rentas mínimas de inserción al salario mínimo interprofesional.
Servicios públicos
Paralización de las privatizaciones. Paralización de las privatizaciones y plan de recuperación de los servicios externalizados, basados en una auditoría para absorber los que generen sobrecostes o no desempeñen sus funciones.
Ley de transparencia
Declaración anual de bienes. Implica que los cargos electos (diputados) y de libre designación deberán hacer un declaración anual de bienes, la primera antes de tomar posesión, una declaración de gastos mensuales relativos al ejercicio de su función, como gastos de representación o de teléfono; e informar de su agenda pública. Asimismo, recoge la creación de un fichero de condenados por corrupción y la prohibición de las puertas giratorias.