El marido de la infanta Cristina asegura que no tuvo «margen negociador» con las instituciones balear, valenciana y madrileña.
04 may 2015 . Actualizado a las 16:14 h.Iñaki Urdangarin descarga en la Administración pública las presuntas ilegalidades cometidas con la contratación del Instituto Nóos para la celebración de unos eventos por los que la entidad cobró hasta 6,2 millones de euros, aseverando que Nóos no tuvo «margen negociador» con las instituciones balear, valenciana y madrileña.
En su escrito de defensa subraya que es la Administración pública la que disfruta de un «imperium» y de «poderes exorbitantes» ajenos a los particulares que contratan con ella, y que le permiten configurar y redactar sus contratos de forma unilateral. «Resulta inverosímil afirmar que los particulares imponen a las Administraciones públicas y a las diversas entidades del sector público la forma jurídica de contratación. La realidad de las cosas es bien distinta», subraya, rebatiendo de este modo las acusaciones vertidas contra él, entre otros, por la Fiscalía Anticorrupción -que reclama 19 años y medio de cárcel para Urdangarin- y Manos Limpias -su petición se eleva a 26 años y medio-.
En su escrito, de 86 páginas, el letrado del Urdangarin, Mario Pascual Vives, subraya en esta línea que es la Administración contratante «la que decide cuándo, cómo, por qué y con quién contrata», y son sus servicios jurídicos «los que tienen que verificar la adecuación y precisión en el cumplimiento de lo pactado o, en caso contrario, exigir las responsabilidades administrativas que procedan». Y en este caso, asevera, «no es sólo que la Administración no haya exigido ninguna responsabilidad sino que, además, el éxito de los eventos realizados hace que la Administración lleve a cabo una nueva colaboración con el Instituto Nóos, a fin de repetir los satisfactorios resultados que los iniciales eventos tuvieron».
Niega que Nóos «vendiera humo»
«No parece que esta realidad fuera 'vender el humo' que preconiza el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación», insiste el marido de la infanta Cristina, sobre quien pesan un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil; fraude a la administración; dos delitos fiscales y un último de blanqueo de capitales.
El abogado niega así que existan hasta la fecha indicios objetivos de un supuesto ánimo fraudulento, la existencia de un concierto previo con la Administración «o cualquier otra finalidad o actividad ilegal». Apunta que los hechos que se le imputan a su patrocinado, «sólo podrían constituir, en el peor de los casos, simples irregularidades administrativas y nunca conductas tipificadas penalmente». «Si no entendemos esto así, la justicia penal tendrá que empezar a considerar la posibilidad de abrir una causa a cada contrato administrativo, en cualquiera de sus modalidades jurídicas, en el que el administrado no haya terminado o cumplimentado, por ejemplo, cualquier obra pública encomendada, por el precio y en el plazo pactado», abunda la defensa.
El procesado subraya además que, para afirmar que una asociación se constituye como simulación de una sociedad -como sostienen las acusaciones respecto a Nóos y las mercantiles a él vinculadas-, «habría que acreditar que se ha limitado a desarrollar actividades lucrativas sin haber desarrollado al propio tiempo las actividades necesarias para el cumplimiento de sus fines estatutarios».