Justicia aparca definitivamente el cambio de la gestión del Registro Civil

Julio Á. Fariñas REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

CARMELA QUEIJEIRO

Catalá inicia una ronda negociadora que irá más allá de la legislatura actual

29 abr 2015 . Actualizado a las 07:14 h.

Primero en una reunión con representantes de los seis sindicatos con presencia en la Administración de Justicia -CSIF, CC. OO., UGT, STAJ, ELA-STV y CIG- y por la tarde en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado, el ministro de Justicia confirmó su anuncio del pasado viernes: se da marcha atrás en la entrega de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles, consumada hace menos de un año por su antecesor, vía real decreto, aunque sin renunciar a la desjudicialización del mismo, contemplada en la ley Caamaño del 2011, cuya entrada en vigor prevista para el próximo 22 de julio, se aplaza un año más, es decir hasta la próxima legislatura.

En la reunión matinal con los representantes sindicales, Rafael Catalá, según fuentes de las asistente, puso especial énfasis en señalar que no se trata de un mero aplazamiento para tratar de paliar los previsibles costes electorales de la medida. Aseguró que se va a empezar de cero para buscar un nuevo modelo lo más consensuado posible con todas las partes implicadas y para ello anunció que próximamente se procederá a derogar el real decreto 8/2014 en todo aquello que otorgaba la gestión de los registros a los registradores mercantiles, la ley 18/2014 de convalidación del anterior decreto en igual sentido y el papel de notarios y registradores en el proceso de concesión de la nacionalidad a los sefardíes.

Por la tarde, y durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, el ministro tendió de nuevo la mano a los partidos políticos aprovechando para pedir a los grupos parlamentarios de la oposición que hagan llegar al Ministerio de Justicia sus propuestas y alternativas para la reforma del Registro Civil. «Abandonamos la idea de reformar la ley con carácter inmediato hasta tanto no tengamos ese consenso que queremos generar». Añadió que «por ahora sabemos lo que no quieren, pero no cómo entienden qué es desjudicializar el servicio», dijo.

En respuesta a una pregunta formulada por el senador de IU Jesús Iglesias, el ministro aseguró que el Gobierno busca «una reforma pactada y consensuada» y precisó que no va a renunciar ni a abandonar su búsqueda de un servicio público, gratuito y de calidad.

Iglesias le replicó que no se cree «la bondad del Gobierno» y su «repentino» gusto por el consenso. En su opinión, la retirada del proyecto ha venido provocada porque «una asociación de registradores embarcó al Gobierno en esta aventura». «A mitad del vals, la novia abandonó», agregó. El senador de IU precisó, no obstante, que la decisión abre una oportunidad para el diálogo. El ministro explicó que ya había transmitido al decano del Colegio de Registradores de la Propiedad su renuncia al proyecto, motivada por las «discrepancias» con este colectivo y la «crítica» y «oposición importante» por parte de profesionales, sindicatos y partidos políticos. La Unión Progresista de Secretarios Judiciales ya solicitó una reunión con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con la intención de ofrecerse para la gestión del Registro Civil.