Una acusación ve en el caso Gürtel una organización criminal del PP para financiarse

A. T. MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

El documento señala que «este sistema de financiación ajeno al circuito económico o caja B» se ha mantenido al menos durante 18 años

29 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

IU y el resto de las organizaciones con las que actúa como acusación popular en el caso Bárcenas sostienen en su escrito de conclusiones ante la Audiencia Nacional que el PP creó en 1990 «una organización criminal» con el objetivo de financiarse ilegalmente con donaciones millonarias en dinero negro que les proporcionaban empresarios afines que buscaban adjudicaciones de contratos públicos.

El documento señala que «este sistema de financiación ajeno al circuito económico o caja B» se ha mantenido al menos durante 18 años, de 1990 al 2008, y que respondía a «un plan criminal específico» enfocado a lograr un nivel de fondos para garantizar las victorias electorales.

Los acusadores consideran que en su última etapa, la que ahora va a ser juzgada por la Audiencia Nacional, la «organización criminal» estuvo dirigida por el secretario general del PP entre el 2004 y el 2008, Ángel Acebes, por los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, y por el gerente Cristóbal Páez. Indican que los secretarios generales del partido «conocían y participaban en la trama criminal organizada», aunque todos lo negasen ante el juez instructor.

Sobresueldos y campañas

La acusación popular mantiene que gracias a la trama el PP habría recaudado en esos 18 años al menos 6,6 millones con el que habría pagado sobresueldos, reformas, financiado campañas en Galicia, Andalucía y Cantabria y comprado las sedes del País Vasco y La Rioja. Los acusadores, a diferencia de la Fiscalía, consideran que los dos tesoreros y Acebes habrían participado en el pago en negro de la reforma de la sede de Madrid y en la ocultación a Hacienda del más de un millón en donativos del 2008, lo que constituye delito fiscal. Por todo ello, IU pide que Acebes se siente en el banquillo para responder de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad contable, fraude fiscal, y falsedad de fondos electorales y de documento mercantil. Total, 15 años de cárcel. A los extesoreros les pide lo mismo. Bárcenas se enfrentaría a 19 años de cárcel y Lapuerta a 21. A Páez le reclaman 13. Además, reclama que el PP sea responsable civil subsidiario.