El Gobierno intenta evitar que Maduro vaya ahora a por empresas españolas

Ander Azpiroz MADRID / COLPISA

ESPAÑA

EFE

Trata de responder con mesura para no incrementar aún más la tensión

26 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

La decisión del Gobierno de llamar a consultas al embajador español en Venezuela, Antonio Pérez Hernández, llegó el pasado miércoles después de más dos años de cruces de declaraciones entre Madrid y Caracas, que, en el caso de las autoridades del país latinoamericano, han alcanzado el nivel de descalificaciones. Desde que José Manuel García-Margallo se hizo con las riendas de la política exterior, el Ejecutivo ha intentado mantener una política de acercamiento a antiguos enemigos del aznarismo como Cuba, Irán o Marruecos. Con estos países, Margallo, un economista elevado por Mariano Rajoy a la categoría de jefe de la diplomacia, ha conseguido mantener si no una estrecha relación, como en el caso del vecino norteafricano, sí al menos una de respeto mutuo como en el de los dos primeros. En cambio, con la Venezuela bolivariana el entendimiento ha sido imposible.

Por el momento, el Ejecutivo se mantiene a la espera de que se concreten las medidas con las que Maduro ha amenazado con castigar a España por lo que él considera «injerencias en la política interna de Venezuela». Uno de los temores que existe en el Gobierno y en parte del sector financiero es que, sin necesidad de llegar a una ruptura de relaciones, Caracas golpee con la expropiación de alguna de las empresas españolas que operan en el país.

La estrategia inicial del Ejecutivo español fue la de responder con mesura, si no ignorar, los cada vez más insistentes ataques de Maduro, un líder que se ha enfrentado a una fuerte contestación interna desde el minuto uno de su mandato y que ha convertido en costumbre el culpar de todos sus males al Gobierno del PP, al que acusa de dirigir una conspiración internacional junto a Estados Unidos y Colombia para derrocarlo.

Escalada de insultos

En los dos últimos años desde Venezuela se ha tachado a Rajoy de «franquista», «racista» o «golpista»; a José María Aznar, de ser un «heredero del fascismo de Franco» además de un «sangriento asesino» de iraquíes; y a Felipe González se le ha atribuido la dirección de grupos paramilitares para eliminar a sus adversarios políticos, en referencia a la lucha sucia contra ETA.

La paciencia de España se agotó el miércoles. La llamada a consultas del embajador supone la retirada indefinida del máximo representante diplomático en un país con el que existe un conflicto, algo que, por otra parte, ya ha ordenado Maduro respecto a España hasta en tres ocasiones desde abril del 2013. Aunque en el lenguaje de la diplomacia la llamada a consultas supone el escalón previó a la ruptura de las relaciones, Exteriores ha insistido en público en que no desea romper sus lazos con Venezuela. Lo afirmó por última vez Margallo el jueves, cuando dijo que «España responderá si es agredida, porque la dignidad nacional está por encima de todo», si bien la intención del Ejecutivo es «no seguir subiendo la marea y buscar fórmulas de entendimiento».

Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano, opina que a Madrid no le interesa en modo alguno llegar a la ruptura con un país al que le unen estrechos lazos históricos, en el que mantiene intereses económicos por valor de miles de millones de euros y en el que residen cerca de 200.000 personas con nacionalidad española. Malamud no se muestra tan seguro a la hora de valorar si Maduro sopesa romper con España. «Es evidente que el presidente venezolano está en una dinámica de ataques constantes y esto no es algo casual, sino que forma parte de un plan evidentemente bien articulado», valora el investigador. De hecho, el Gobierno venezolano ya rompió vínculos políticos y económicos con Panamá tras un cruce de declaraciones similar al de ahora con España.

En el peor momento de los vínculos con Iberoamérica

Las tensiones con Venezuela llegan en un momento en el que España está obligada ha replantearse su presencia en América Latina. Tras casi dos décadas de protagonismo político e inversor en la región, el auge económico de los países de la región unido a la crisis española han relegado a un segundo plano la influencia en el continente. Una de las incógnitas sobre el conflicto entre de Madrid y Caracas radica en si salpicará las relaciones de España con el resto de países que integran el bloque bolivariano, forjado alrededor del carisma de Hugo Chávez y los petrodólares con los que regó el continente.

Sin el líder bolivariano y con los ingresos del crudo en horas bajas, la capacidad de Venezuela de poner en contra de España a otros países parece limitada. Los doce países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), entre los que destacan Cuba, Ecuador y Bolivia, no mantienen una cohesión interna demasiado fuerte y hay notables diferencias entre sus Gobiernos. Así, los efectos negativos para España «no tendrían que ir más allá de alguna muestra de solidaridad en forma de declaración», opina el investigador el Instituto Elcano Carlos Malamud, quien cree que una eventual ruptura con Venezuela tampoco debería ocasionar grandes tensiones con los otros actores políticos de la región. Argentina es uno de los países latinoamericanos que más cercanos se han mostrado al chavismo. No obstante, las relaciones entre Buenos Aires y Madrid ya son suficientemente malas sin necesidad de la participación de terceros.

La expropiación en el 2012 de la petrolera YPF, propietaria de Repsol, abrió una brecha entre los ejecutivos de Rajoy y Cristina Fernández de Kirchner que aún no se ha cerrado. La distancia quedó patente a principios de esta semana cuando la mandataria argentina permaneció durante dos días en Granada sin entrevistarse con ninguna autoridad española. Los grandes aliados para España en este conflicto y en la región en general son México y Colombia, miembros de la Alianza del Pacífico junto a Chile y Perú. Por último, Brasil, la gran potencia sudamericana, mantiene una posición equidistante.