Aprobado el Estatuto de la Víctima, que permite recurrir la libertad de los condenados
ESPAÑA
La posibilidad de participar en la ejecución de las penas no ha contado con el apoyo de la oposición a excepción de UPyD, aunque todos los grupos han valorado el texto en general
17 abr 2015 . Actualizado a las 22:06 h.El proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del Delito ha sido aprobado definitivamente hoy con un completo decálogo para proteger a los afectados, que podrán recurrir la libertad condicional y los beneficios penitenciarios de los condenados mediante un artículo que no ha apoyado la oposición.
La norma ha recibido el visto bueno al ratificarse en el Congreso de los Diputados las enmiendas aprobadas durante la tramitación de la norma en el Senado, con lo que ha quedado lista para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor pasados seis meses, tal como establece la propia norma.
A partir de ahora, las víctimas de delitos graves estarán acompañadas e informadas durante todo el proceso judicial y no tendrán que revivir durante el mismo el dolor que padecieron.
También podrán recurrir la libertad y los beneficios penitenciarios que se conceda a sus agresores, así como el sobreseimiento o archivo de la causa aunque no estén personadas en las misma.
Ha sido esta posibilidad de participar en la ejecución de las penas, incluida en el artículo 13 de la ley, la que no ha contado con el apoyo de la mayor parte de la oposición -a excepción de UPyD-, aunque todos los partidos han valorado la generalidad del texto.
Se han repetido así durante el debate de hoy las posiciones mantenidas por los grupos cuando el proyecto de ley pasó el trámite del Congreso y del Senado.
En una intervención al final del debate, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que con esta norma España es «una sociedad más justa» y «un país más avanzado y solidario», ya que atender a estas víctimas «no será más una opción, sino una obligación».
Durante el debate, el diputado socialista Juan Carlos Corcuera le ha dicho al ministro que lamenta su «falta de sensibilidad» y que la norma aprobada «se olvida de algunas víctimas». En su opinión, permitir que las víctimas participen en la ejecución de las penas de los condenados «vulnera la normativa penitenciaria» y el espíritu de reinserción de los condenados.
Desde la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha explicado que su grupo se abstendría porque las víctimas tienen derecho a ser informadas y protegidas, «pero no a decidir sobre si procede un permiso o una progresión de grado, que es potestad del Estado», algo que en su opinión conllevaría «no cumplir la Constitución» y a una «revictimización».
Rosa Diez (UPyD) ha valorado el texto que se aprueba, ya que a pesar de tener «algunos vacíos o huecos», logra un equilibrio entre el derecho a la reinserción de los condenados y el derecho a reparación de los víctimas, y en general está «bien resuelto» política y jurídicamente.
Desde CiU, Jordi Jané ha argumentado que el artículo 13 de la ley va en contra de lo dictado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de lo establecido en la Constitución, generando «miedo, indefensión y sentimiento de venganza».
La diputada popular Carmen Quintanilla ha asegurado que «estamos ante una de las leyes de mayor calado para la sociedad española» en la que se aportan «las herramientas que las víctimas demandan y merecen».
Tras el debate, la Plataforma de Víctimas Alvia 04155 ha expresado su «indignación y desconcierto frente a la falta total de atenciones concretas a las víctimas de catástrofes» como la que ellos sufrieron, en la que están, han dicho, «abandonados y humillados».