De 60 millones exigidos a los 17 procesados, solo se han depositado 200.000
09 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La infanta Cristina podría ver como antes de finales del 2015 buena parte de los más de 238.000 euros anuales que cobra como directora del área social de la Fundación La Caixa terminan en la cuenta del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma. Fuentes próximas al magistrado José Castro revelaron ayer que el juez tiene intención de iniciar en breve los trámites para embargar y bloquear todos los ingresos, bienes, depósitos y propiedades inmobiliarias de la hermana del rey.
La esposa de Iñaki Urdangarin no ha depositado en el juzgado ni un solo céntimo de los 2.697.150 euros (incluidas multas) que Castro le impuso el pasado 22 de diciembre de fianza por responsabilidad pecuniaria como «cooperadora necesaria de dos delitos contra la Hacienda Pública» de su marido. Según Hacienda, el duque de Palma ocultó al fisco 182.005 euros de la declaración del IRPF en el 2007 y 155.138 euros en el 2008 y, según el juez, esos delitos los cometió con la ayuda imprescindible de su mujer.
El plazo para la infanta, y para el resto de los 17 procesados en el caso Nóos, para depositar en el juzgado las cauciones a fin de afrontar posibles responsabilidades civiles derivadas de una condena en el juicio del año próximo expiró ayer a las 15 horas. Y de los cerca de 60 millones que el magistrado exigía, solo dos imputado, el arrepentido Pepote Ballester y la exdelegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen, han consignado sus cauciones de 52.601 y 152.000 euros, respectivamente.
Según fuentes del proceso, esta situación aboca sin remedio al juez a reabrir la pieza de responsabilidad civil del caso Nóos para tratar de cubrir la mayor parte de cada una de las fianzas. El juez, en lo que se refiere a la infanta, pedirá en breve a la Agencia Tributaria y al registro de la propiedad un elenco exhaustivo de las cuentas, ingresos, activos y bienes a nombre de Cristina de Borbón. Un proceso que puede durar meses, pero que desembocará en el embargo de sus bienes y cuentas, y si con ellos no se cubre los casi 2,7 millones, en el decomiso de una parte importante de su sueldo como alta ejecutiva de la entidad financiera catalana. De acuerdo con estas mismas fuentes, el juzgado solo le dejaría «el mínimo para subsistir» ella misma y las personas a su cargo, en este caso sus cuatro hijos, pues Urdangarin sigue sin trabajar desde que abandonara Telefónica en verano del 2012.
La situación patrimonial de la infanta en este proceso es confusa. El pasado 17 diciembre, solo cinco días antes de que Castro la sentara en el banquillo como cómplice de los dos delitos fiscales, Cristina de Borbón depósito en la cuenta del juzgado los 587.413 euros de fianza en concepto de responsabilidad civil, pero como responsable civil subsidiaria de esos dos delitos y no como autora en grado de cómplice.
Sea como fuere, y aun descontando esa cantidad, el resto de bienes compartidos con su marido ya están al 50 % embargados o vendidos, entre ellos el palacete de Pedralbes. El pasado 3 de marzo, José Castro levantó el embargo de la residencia de Barcelona para que la pareja pudiera venderlo por 6,95 millones. Esa transacción está todavía pendiente porque Manos Limpias recurrió la autorización hasta saber quién era el comprador. Además, se desconoce aún la parte que el matrimonio debe todavía a La Caixa por la hipoteca. La pareja, según confesó el propio Urdangarin ante el juez en febrero del 2013, habían dejado de pagar las cuotas por entonces, cuando aún adeudaban al banco 3,6 millones de euros de los 5,8 que pidieron al banco para comprar la casa de Pedralbes, que luego reformarían con una inversión adicional de tres millones de euros.
El matrimonio elude las cauciones, pero abona un alquiler mensual de 6.000 euros
La situación de Urdangarin es todavía más desesperada que la de su esposa. En los años que lleva imputado no ha depositado ni un solo euro a pesar de los continuos requerimientos para que hiciera frente a la responsabilidad civil. El pasado 22 de diciembre, el juez Castro elevó esta cantidad a 13,6 millones de euros ya no solo por el daño causado al erario público por sus supuestos desfalcos, sino por el perjuicio causado a las administraciones públicas de Valencia, Baleares y Madrid como directivo del Instituto Nóos.
A pesar de que ni la infanta ni su marido han hecho frente a las millonarias cauciones civiles que les exige la justicia, ambos siguen manteniendo un elevado nivel de vida. El matrimonio y sus cuatro hijos sigue residiendo desde el verano del 2013 en un exclusivo ático de la Rue des Granges, en Ginebra, con alquiler superior a los 6.000 euros mensuales. Y hace solo unos días, el matrimonio, de vacaciones en la Toscana italiana, cenó en uno de los más exclusivos y caros restaurantes del país, el Albergaccio di Castellina, distinguido con una estrella Michelin.
El abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, reiteró ayer que el duque solo podrá hacer frente a una pequeña parte de la fianza. «Todos sus bienes han estado siempre a disposición del juzgado», declaró. Además, despreció el escrito y los nuevos correos aportados por Diego Torres en su escrito de defensa. Señaló que se trata de argumentos «históricos» que no aportan nada nuevo.