Cualquier excusa fue válida para tratar de suspender el primer juicio contra la rama valenciana de la trama Gürtel que desde ayer acoge el Tribunal Superior de Justicia. Así lo entendieron al menos las defensas de las trece personas que se sentaban el banquillo, entre las que destacaban las exconsejeras de la Generalitat, Milagrosa Martínez y Angélica Such, y los cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes. Desde la vulneración del derecho de defensa, la ilegalidad de las escuchas telefónicas que dieron origen a la causa, y hasta la falta de idoneidad que una de las letradas de la defensa esgrime por el hecho de provenir del turno de oficio y no saber si podrá seguir con el caso. Y sobrevolando todo el nombre del exmagistrado Baltasar Garzón, que dio inicio a las pesquisas que le costaron el puesto y al que las defensas acusan de haber permitido la mayor parte de las posibles causas de nulidad del proceso.
Los trece han llegado al banquillo por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de los expositores de la Generalitat para la Feria de Turismo (Fitur) entre los años 2005 y el 2009. Los acusados se enfrentan en conjunto a más de 95 años de prisión por los presuntos amaños de contratos públicos por un importe que supera los cinco millones de euros. Para conseguir adulterar esas adjudicaciones, la trama se sirvió de la empresa Orange Market. Pero con la ayuda de varios cómplices vulneraron supuestamente los controles públicos. Para ello, el juez instructor, José Ceres, atribuyó un papel fundamental en su auto de procesamiento a Rafael Betoret, entonces director de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) y ya condenado por la causa de los trajes.
Anticorrupción, por su parte, solo solicitó la incorporación de la declaración de un nuevo testigo, el extrabajador de Orange Market Juan Carlos Rincón, que según la fiscal «participó en lo relativo a las contrataciones de Fitur y tuvo especial relevancia en la feria y en la elaboración de las hojas de costes de las que la elaboración se servía».
Uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, acusó a la Policía de «ocultar» pruebas. «Gürtel es un montaje político organizado por Rubalcaba en su despacho», aseguró el que fuera secretario de organización del PP gallego.