El PP saca adelante la prisión permanente revisable con toda la oposición en contra
27 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.Mariano Rajoy había puesto cierto empeño en lanzar una señal de que la regeneración de la vida pública se encuentra entre las grandes preocupaciones del Gobierno. El pasado noviembre, incluso subió a la tribuna del Congreso para, en un gesto sin precedentes, defender en persona dos proyectos de ley llamados a prevenir comportamientos deshonestos. Pero sus esfuerzos se vieron ayer de nuevo empañados por los escándalos que salpican a su partido.
El pleno del Congreso aprobó por fin, después de haber sido enmendadas en el Senado, la ley de financiación de partidos, la de regulación del alto cargo y la reforma del Código Penal que tipifica por primera vez como delito -aunque de manera insuficiente para la oposición- la financiación ilegal de formaciones políticas. Son medidas que Rajoy prometió ya en el debate sobre el estado de la nación del 2013, en pleno estallido del caso Bárcenas. Ahora ven la luz pocos días después de que el juez Ruz cerrara la investigación dando por acreditado que el PP manejó una caja b durante 18 años.
El caso ha terminado por hacer imposible un entendimiento entre los grandes partidos que, en algún momento, pareció a punto de lograrse. «El asunto no es si estas leyes mejoran el régimen vigente. Lo hacen -reconoció parcialmente durante el debate el portavoz del PSOE, Antonio Pradas-. La cuestión es si lo hacen de forma suficiente. Nosotros creemos que no». Pradas esgrimió algunas de las carencias de los textos. Echó en cara al PP que no quisiera hablar de «la corruptela de los contratos fraccionados» para adjudicar contratos a dedo; de atribuir a la Audiencia Nacional el conocimiento de delitos corrupción con participación de cargos públicos; de prohibir «amnistías tributarias», o de «abrir los partidos a la sociedad».
Otra de las cuestiones que afean los socialistas a los populares es que, a pesar de lo novedoso de tipificar la financiación irregular como delito, solo se contempla la prisión para quienes realicen o reciban donaciones ilícitas superiores a 500.000 euros. O sea, que los mencionados por Luis Bárcenas en sus famosos papeles seguirían sin ir a prisión si tuvieran que ser juzgados con el nuevo Código Penal, que también fue aprobado ayer en el Congreso, aunque no entrará en vigor hasta julio. Será entonces cuando la prisión permanente revisable se convierta en una realidad en España.
La Cámara baja dio luz verde a una de las propuestas centrales del programa electoral del PP, que permitirá mantener en la cárcel a ciertos criminales un mínimo de 25 a 35 años y tenerlos encerrados de manera indefinida si consideran que no están reinsertados. La medida impulsada por el ex ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, contó solo con los votos de los populares y se aplicará en casos de excepcional gravedad como terrorismo, homicidio del rey, genocidio, o, por ejemplo, asesinatos en serie cometidos por una organización criminal o contra menores de 16 años. Según el titular de Justicia, Rafael Catalá, el nuevo Código Penal «fortalece el Estado de Derecho». Los argumentos no convencieron a la oposición, que denunció la «desproporción» de lo que consideran, en la práctica, la cadena perpetúa «abolida», recordó desde Izquierda Unida Gaspar Llamazares, «por Primo de Rivera» antes de la Guerra Civil.