Cierra el caso de los papeles de Bárcenas tras dos años de investigación
24 mar 2015 . Actualizado a las 07:30 h.El PP tuvo una contabilidad paralela o en B entre 1990 y el 2008 controlada por los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta. Durante estos 18 años, el partido se nutrió de «fondos dinerarios opacos» que permitieron la existencia y circulación de diversas corrientes financieras de cobros y pagos continúas en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas y sin la correspondiente declaración ante Hacienda. Esta estructura integró sistemas paralelos de funcionamiento y gestión económica-financiera de la formación política a modo de «cajas de dinero efectivo o cajas B».
Con este contundente relato concluyen dos años de pesquisas, declaraciones, registros e informes policiales y periciales con un alto coste político para el PP. El juez Ruz cerró ayer la investigación en un auto de 190 páginas en el que transforma en procedimiento abreviado las diligencias previas, confirma los indicios penales de la instrucción y abre la puerta a la celebración de juicio oral.
A escasos días de concluir su periplo en la Audiencia Nacional, donde ha estado en situación de interinidad durante cuatro años, Ruz dejó para este auto las perlas de toda la investigación. Confirmó las imputaciones de seis personas: los extesoreros populares Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el exgerente Cristóbal Páez, los dueños de la empresa Unifica, Álvaro Urquijo y Belén García, y la empleada de esta mercantil que cobró 1.552.000 euros en negro por la reforma de la sede nacional del PP, Laura Montero.
A todos ellos les atribuye algunos de estos delitos: falsedad contable, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública o fiscales. Asimismo, considera presuntos responsables civiles subsidiarios -penado con multa- tanto al PP como a la citada Unifica, por la existencia de la caja B.
Estas seis personas serán con toda probabilidad quienes se sienten en el banquillo de los acusados por los hechos investigados. Si bien ante la resolución dictada ayer por Ruz cabe recurso de reforma ante el juez o de apelación a la Sala de lo Penal (órgano superior). Un paso previo a la presentación de los escritos de acusación por parte de la Fiscalía Anticorrupción y el resto de las partes personadas.
Delito fiscal y Hacienda
Uno de los puntos fuertes del auto es que el juez determina, a diferencia del criterio de la Agencia Tributaria, que el PP sí debió de tributar las donaciones irregulares percibidas en el ejercicio 2008, el último año no prescrito en la causa.
Considera Ruz que el millón de euros recibido por los empresarios fue anotado en la contabilidad paralela e integrado en las anotaciones de la caja B «sin que las mismas cumplieran con los presupuestos, requisitos y limitaciones establecidas en la ley de financiación de los partidos políticos», como son el criterio de transparencia o haber destinado ese dinero a pagos fiscalmente opacos y ajenos a la contabilidad oficial remitida por el PP al Tribunal de Cuentas.
Por todo ello, el juez concluye que el partido debió de abonar el impuesto de sociedades del 2008 por las donaciones irregulares -se troceaban para cumplir con la regulación existente- y al superar la cuota defraudada los 120.000 euros cometió un delito fiscal. En total, el auto afirma que el PP «dejó de ingresar ante la Hacienda Pública» una cuota de más de 220.000 euros. Sin embargo, al no existir ese año la responsabilidad penal de los partidos, el delito se imputa a los administradores por aquel entonces, Bárcenas y Páez, y como cooperador a Lapuerta, quien dejó sus funciones de tesorero ese mismo verano. No obstante, sobre la interpretación de la exención o no de tributación de este tipo de donaciones el juez recoge el parecer discrepante de la Agencia Tributaria, el del fiscal y el de la Sala Penal para concluir que será en el juicio oral donde se concretará esta cuestión.
El juez considera asimismo que la investigación por la concesión del contrato de basuras a la empresa Sufi (filial de Sacyr) por parte del Ayuntamiento de Toledo, un asunto que salpicaba la campaña del 2007 de María Dolores de Cospedal, y su ejecución podría ser constitutiva de un delito de prevaricación.
De las anotaciones apócrifas a la caja opaca
El 2 de febrero del 2013, dos días después de que los papeles de Bárcenas vieran la luz y removieran los cimientos de la cúpula del PP, Mariano Rajoy salió a la palestra para responder a las graves acusaciones de cobros de sobresueldos en negro y financiación irregular de su partido ante un angustiado comité ejecutivo nacional reunido de urgencia. «Cualquier irregularidad que se sospeche a partir de los papeles apócrifos [algo supuesto o fingido] no responden a la verdad», sentenció entonces.
Dos días después, el presidente del Gobierno aterrizó en Berlín para reunirse con su homóloga Angela Merkel. Con la tormenta convertida ya en ciclón, volvió a negar las revelaciones del extesorero, pero con algún matiz. «Todo lo que se refiere a mí y que figura allí, y a algunos compañeros míos de partido que figuran allí, no es cierto, salvo alguna cosa», declaró.
Así, en pocas horas, Rajoy modificó su versión inicial y dejó de poner la mano en el fuego por todas aquellas personas reflejadas en los papeles «apócrifos» del extesorero del PP. Algo había cambiado. La novedad era el reconocimiento de algún implicado de que, efectivamente, su presencia en la contabilidad paralela que manejó Bárcenas -«Luis, lo entiendo. Sé fuerte», le llegó a decir Rajoy en un mensaje de móvil en el 2011- era cierta. Este fue el caso del presidente del Senado, Pío García Escudero, quien admitió que recibió un «préstamo» de cinco millones de pesetas, luego devuelto, de la tesorería del PP para arreglar su casa afectada de forma casual por un atentado de ETA en agosto del 2000 en Madrid.
Esta fue la primera certeza de que los papeles de Bárcenas, esos manuscritos en 14 hojas de un cuaderno cuadriculado en donde el extesorero registró durante 18 años algunos episodios contables de la vida del partido, no eran ficticios ni simulados. Ahora, dos años después de aquellos «papeles apócrifos», el juez Ruz ha concluido la causa con una constatación bastante argumentada en su extenso auto: el PP tuvo una contabilidad opaca durante 18 años. «Ha quedado indiciariamente acreditado que la formación política Partido Popular desde 1990 y hasta al menos 2008 se vino sirviendo de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal», señala el auto.