El Senado da luz verde a la nueva ley de financiación de los partidos y el estatuto de alto cargo, pero otras medidas propuestas no podrán ver la luz
13 mar 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El Senado aprobó ayer el proyecto de ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado y el proyecto de Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-financiera de los Partidos Políticos. Los textos vuelven ahora al Congreso para su aprobación definitiva. Se trata de dos de las medidas de regeneración más importantes del paquete anunciado reiteradamente por Mariano Rajoy en los últimos años. De todas ellas, ninguna está plenamente en vigor. Alguna, como la ley de transparencia, lo está parcialmente. Otras, como las tramitadas ayer en el Senado, se aprobarán definitivamente en breve. Algunas no tendrán tiempo de ver la luz en esta legislatura y otras simplemente no han pasado aún por el Consejo de Ministros.
¿Habrá un nuevo estatuto del alto cargo?
La ley reguladora acaba de pasar por el Senado y está pendiente de aprobación definitiva en el Congreso, por lo que sí saldrá adelante en esta legislatura. El llamado estatuto del alto cargo fija los requisitos de idoneidad que deben reunir los aspirantes a ocupar esos puestos de la Administración, las declaraciones de bienes y certificados tributarios que deben presentar para optar a los cargos, así como las incompatibilidades en el ejercicio de cada función, el régimen sancionador que les afecta y los informes que la Oficina de Conflictos de Intereses debe aportar al Parlamento.
¿Se aprobará la nueva financiación de partidos?
La ley pasó ayer por el Senado y se aprobará en el Congreso, por lo que sí saldrá adelante en esta legislatura. La nueva norma impone nuevos controles para la financiación y una mayor transparencia y democracia interna. Se prohíbe la condonación de deudas a los partidos, así como cualquier donativo por parte de empresas. Todas las donaciones de más de 25.000 euros deberán hacerse públicas. Se rebaja en un 20 % la subvención para el envío de propaganda electoral. El Gobierno ya había rebajado en los dos pasados Presupuestos del Estado hasta un 40 % la financiación ordinaria de los partidos. En cuanto a las fundaciones, todos sus ingresos y gastos deberán ser examinados por el Tribunal de Cuentas. Además, deberán someterse a auditoría externa cada año y publicar los resultados en sus páginas web de Internet.
¿Van a tenerlo más difícil los corruptos?
Sí. El Senado dio también luz verde ayer a la reforma del Código Penal, que entre otras cosas dificulta el acceso a la liberad condicional de los corruptos que no restituyan el dinero defraudado. Cuando la financiación ilegal a un partido exceda los 500.000 euros, conllevará pena de prisión. También habrá cárcel de uno a cinco años para quienes participen en redes dedicadas a la financiación ilegal. El nuevo Código Penal modifica la ley del indulto y acaba con su oscurantismo, de forma que un alto cargo del Ministerio de Justicia comparecerá cada seis meses para informar de los indultos concedidos. La reforma se aprobará definitivamente en el Congreso antes del verano y entrará en vigor en el 2016.
¿Está plenamente en vigor la ley de transparencia?
En noviembre del 2013 se aprobó en el Congreso la ley de transparencia, aunque su entrada en vigor se está produciendo de forma escalonada. El 10 de diciembre se abrió el portal de transparencia, gracias al cual los ciudadanos pueden conocer, entre otras cosas, los contratos del Estado o las remuneraciones de todos los altos cargos del Administración central. Pero hasta dentro de un año será obligatorio también para las administraciones autonómicas y locales.
¿Se han agilizado los procesos por corrupción?
El Gobierno prometió agilizar los procesos mediante la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal «para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, una forma de impunidad para el delincuente o una condena pública sin sentencia para quien no lo es ni lo ha sido nunca». Esa reforma no se ha empezado siquiera a tramitar. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció el pasado lunes su intención de llevar hoy al Consejo de Ministros la reforma, con la que, entre otras cuestiones, se pretende modificar el término «imputado» para sustituirlo por «investigado». El largo trámite parlamentario de esta ley hace que difícilmente vea la luz durante esta legislatura, como tampoco lo harán otras medidas anunciadas como la regulación de los lobbies o la reforma de la ley electoral, a las que el Gobierno parece haber renunciado a aprobar en este mandato.