Hacienda acusa al juez Castro de «quebrar» principios constitucionales con la venta de Pedralbes

Europa Press PALMA DE MALLORCA

ESPAÑA

ANDREU DALMAU | EFE

En la potencial operación no se aplicaría la Ley del Impuesto sobre No Residentes, lo que permitiría a la Agencia Tributaria obtener un 3 % por la transacción

05 mar 2015 . Actualizado a las 19:38 h.

La Agencia Tributaria (AEAT), personada como acusación particular en el caso Nóos, ha acusado al juez José Castro de «quebrar» el principio de igualdad establecido por la Constitución en su artículo 14, al no aplicar la Ley del Impuesto sobre No Residentes en la operación de venta del palacete de Pedralbes por parte de Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina, como corresponde por ser estos no residentes en España. lo que le permitiría a Hacienda obtener un 3 por ciento de la operación.

Mediante un recurso de reforma al que ha tenido acceso Europa Press y que la AEAT ha interpuesto contra la decisión del magistrado de denegarle el cobro del tributo, la Abogacía del Estado -que representa los intereses de Hacienda- considera que en este caso la normativa «no es igual para todos» y asevera tajante que el juez «nunca puede dejar de aplicar la Ley», puesto que «conoce el ordenamiento jurídico y debe resolver conforme al mismo».

El juez de Instrucción número 3 de Palma rechazó el pasado 27 de febrero añadir como condición para la venta de la vivienda que se aplique una retención del 3 %, porque considera que la Abogacía del Estado introdujo este requisito fuera de plazo.

Venta autorizada con condiciones

Castro autorizó este martes la venta, con la condición de que los duques de Palma se comprometan a ingresar 2.372.602 euros a cuenta de la responsabilidad civil que se les reclama en este caso.

Por otro lado, Castro ha dado cuenta de un escrito presentado por Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en esta causa, y ha recurrido la decisión del magistrado de levantar el embargo que pesa sobre la mitad de la propiedad de Urdangarin y la infanta en Barcelona, con el fin de que puedan venderla en las condiciones estipuladas.

Manos Limpias alega en su recurso que la vivienda no puede venderse hasta que la infanta Cristina aporte la fianza de responsabilidad civil que pesa sobre ella en esta causa porque de lo contrario podría incurrir en alzamiento de bienes.

Sobre los duques de Palma, que serán juzgados por diversos delitos en el caso Nóos, pesan fianzas de responsabilidad civil de 13,6 millones de euros, en el caso de Urdangarin, y de 2,7 millones de euros en el de la infanta.