Impone 449 millones en fianzas, incluida una a Ana Mato de 28.000 euros
05 mar 2015 . Actualizado a las 23:30 h.El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz abrió ayer juicio oral a los 40 imputados en la pieza principal del caso Gürtel, la correspondiente a la época primera de la trama de corrupción (1999-2005). Después de que la Sala de lo Penal y el propio magistrado hayan desestimado casi todos los recursos de los acusados, Ruz dio un paso definitivo para sentar en el banquillo tanto a los implicados en la trama, entre ellos tres extesoreros del PP, como al propio Partido Popular y a la exministra de Sanidad y diputada Ana Mato, aunque en este caso como «partícipes a título lucrativo», es decir, por lucrarse de la red corrupta.
En su auto, el juez reclama fianzas millonarias a 36 de los juzgados en concepto de multa y de responsabilidad civil que alcanza los 449 millones de euros. La mitad de las sanciones económicas recaen en el extesorero del PP Luis Bárcenas y su mujer, Rosalía Iglesias, a quienes les solicita 110 millones, mientras que a los principales cabecillas de la red Gürtel, el empresario Francisco Correa y Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP gallego, les pide 109 millones. Los imputados tienen diez días para abonar las fianzas. En caso contrario, el tribunal procederá al embargo de sus bienes.
Seis años de investigación
Tras seis años de investigación, el juez Ruz dio por concluido el último trámite procesal del sumario, ya que la instrucción propiamente dicha finalizó en noviembre pasado. Ahora el procedimiento pasa a manos de la Sala de lo Penal, órgano superior al juez, que deberá fijar la fecha del juicio.
En su auto, Ruz también abre juicio oral contra Ana Mato y el Partido Popular en condición de participes a título lucrativo, tal y como estimó el propio juez en noviembre y la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación de enero pasado. Para ambos fija fianzas de 245.000 euros y 28.467 euros, respectivamente. Por su parte, el instructor archiva la causa respecto de María del Mar Rodríguez por fallecimiento y Plácido Vázquez por prescripción de los delitos. A partir de ahora, las defensas de los 40 imputados disponen de 30 días hábiles para formular sus respectivos escritos de defensa.
Esta pieza central de la trama Gürtel juzgará los hechos cometidos entre los años 1999 y 2005, ya que la segunda época responde al período 2006-2009, año en el que el exjuez Baltasar Garzón abrió un caso que le acabó costando su inhabilitación por prevaricación. La primera etapa se centra en las operaciones de la red con administraciones gobernadas por el PP en las comunidades de Castilla y León, Madrid (ayuntamientos de Madrid, Pozuelo y Majadahonda), así como la localidad malagueña de Estepona.
De ahí que además de la cúpula de Gürtel, Correa y Crespo y otros tantos (el contable, el testaferro o el asesor fiscal), se sienten en el banquillo históricos extesoreros del PP como Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchis, exalcaldes y antiguos concejales de estas localidades, el exdiputado nacional Jesús Merino o Alberto López Viejo, exconsejero del gobierno autonómico de Madrid con Esperanza Aguirre. También están implicados funcionarios y empresarios que contrataron con la red.
Los acusados se enfrentan a una ristra de delitos relacionados en su mayoría con la corrupción: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad documental , delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, estafa procesal en grado de tentativa, apropiación indebida y asociación ilícita en el ámbito de la contratación.
Hasta 42 años de cárcel
La Fiscalía Anticorrupción solicitó penas por estos hechos, entre otros, de 42 años y medio de cárcel para Bárcenas, 109 años y 10 meses para Correa, 85 años y medio para Crespo, 46 años para López Viejo, 15 años para Jesús Sepúlveda, exmarido de Mato, ocho años para Sanchis, o tres para Lapuerta por apropiación indebida.
El juez Ruz explicó ayer que el auto de apertura de juicio oral posibilita que el procedimiento siga adelante, después de valorar la consistencia de la acusación. El miércoles la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ya avaló el trabajo del juez por los «nítidos» indicios recabados durante la instrucción contra los imputados.