Peritos del caso de los ERE aseguran que hubo una «fraudulenta elaboración» de los presupuestos andaluces

Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que han ratificado un informe clave para la acusación en el caso de los ERE han asegurado ante la juez Mercedes Alaya que durante años hubo una «fraudulenta elaboración» del anteproyecto y proyecto de los presupuestos andaluces. Esa fraudulenta elaboración indujo a un error al Parlamento, que aprobó transferencias de financiación en la Consejería de Empleo al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) para cubrir sus pérdidas, según recoge el acta de la declaración de los peritos, que este martes cumplen el quinto día de ratificación del informe.

A preguntas de los abogados sobre una enmienda del 2002, indican que la Dirección General de Presupuestos podría haber impedido su aprobación para atender el coste de los acuerdos sociales generados por la adaptación de plantillas a las necesidades de personal debido a los planes de viabilidad y reestructuración de empresas en crisis. Esa enmienda se podría haber impedido si previamente, y en la fase de anteproyecto de presupuesto, la Dirección General «no hubiera elaborado de forma fraudulenta el presupuesto de IFA, que tuvo como consecuencia la dotación de una transferencia de financiación en la Consejería de Empleo a IFA con destino a cubrir sus pérdidas». «Dicha incorrecta presupuestación, sin duda, indujo a error al Parlamento», aseguran los peritos.

La enmienda se hubiera tramitado de otra forma en caso de aplicarse los conceptos presupuestarios que el Parlamento, «a lo largo de 21 leyes desde el año 1991 hasta el 2014, se hartó de decir: que las transferencias de financiación solo sirven para cubrir pérdidas de una entidad». Las transferencias de financiación, usadas para las ayudas de los ERE, no se podían destinar a «atender acuerdos sociales generados por planes de viabilidad ni para ninguna otra cosa, igual o distinta», han recalcado.

Los peritos han insistido, a preguntas de las defensas, en que la «exigencia indebida» de la Dirección General de Presupuestos de que el IFA recibiera una transferencia de financiación de la Consejería sin necesitarla permitió a Empleo conceder subvenciones con cargo a un concepto «inadecuado», las transferencias de financiación.

De esta forma, las ayudas prescindieron «totalmente del procedimiento legalmente establecido» y eludieron la fiscalización previa de la Intervención en la Consejería, concluyen los peritos. Preguntados por un posible recurso de inconstitucionalidad por las ayudas, los peritos han subrayado que «difícilmente se podía establecer ninguna acción de inconstitucionalidad de alguna ley si no había norma alguna y se concedieron las subvenciones al margen de todo procedimiento».

También se han referido a las ayudas de la Faja Pirítica, donde «el Estado asumió unos compromisos que fueron satisfechos conforme a la legalidad, mientras que la Junta de Andalucía, que asumió la financiación del mismo compromiso que el Estado, lo casi triplicó». «Mientras en el Estado las ayudas fueron intervenidas y comprobados los requisitos de todos los perceptores, la Junta de Andalucía lo dejó en manos de los sindicatos», han criticado los peritos. 

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