Todo apunta a que el juez avanza hacia la imputación del Partido Popular por delito fiscal
26 feb 2015 . Actualizado a las 21:44 h.El juez Pablo Ruz ha dado un plazo de cinco días a Hacienda para que determine la tributación que eventualmente habría de corresponder al Partido Popular por el Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a 2008 en relación a las donaciones que fueron anotadas en los llamados papeles de Bárcenas.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Efe, Ruz se dirige a la Agencia Tributaria para que haga ese cálculo «al objeto de determinar la eventual responsabilidad que pudiera alcanzar al Partido Popular por el Impuesto Sobre Sociedades de 2008, en relación a los hechos objeto de investigación.
Responsabilidad que habría de determinarse, indica la resolución, sólo «en el caso de que esas donaciones no se consideren rentas exentas de tributación y tomándose únicamente en consideración para la determinación de la eventual base de tributación, los gastos en que hubiera incurrido la formación política» en el ejercicio de 2008 y «requisitos establecidos en la legislación tributaria».
Todo ello, señala el juez, »sin perjuicio« de lo ya informado al respecto en otros informes de Hacienda, que descartaban el fraude fiscal, y »al objeto de permitir el completo esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y su ulterior valoración por este instructor y las partes personadas«.
En este sentido, Ruz recuerda que ya la Agencia Tributaria le remitió en septiembre de 2013 y en octubre de 2014, sendos informes al respecto en los que descartaba que, de ser ciertas las anotaciones de Bárcenas que reflejarían la contabilidad de una caja B del PP, se hubiera producido delito alguno por parte de la formación política.
En septiembre de 2013, la Agencia Tributaria concluyó que ni el PP, ni el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ni el resto de altos cargos que supuestamente percibieron sobresueldos de la caja B cometieron delito fiscal alguno.
En ese informe, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) concluía que los supuestos pagos a altos cargos ocurridos en el año 2007 estarían prescritos mientras que las cantidades de 2008 no serían delito porque no superaron la cantidad establecida para serlo (120.000 euros).
La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en otro informes tampoco encontró relación entre las adjudicaciones públicas de administraciones gobernadas por el PP a las empresas que aparecen como donantes en los papeles de Bárcenas y dichas entregas de dinero, lo que descartaría un delito de cohecho.
Cuando los peritos que elaboraron estos informes los ratificaron ante el juez Ruz mantuvieron que, aunque las donaciones fueran consideradas ilegales, ninguna contingencia tributaria tendrían al estar exentas del impuesto de sociedades