Tumba por unanimidad parte de la ley de consultas y la convocatoria del 9-N
26 feb 2015 . Actualizado a las 07:26 h.De un plumazo, en menos de una hora y por unanimidad de los doce magistrados, el pleno del Tribunal Constitucional cerró ayer la puerta a la celebración unilateral de un referendo soberanista en Cataluña, y por ende, en cualquier otra región española, si no es bajo la autorización del Estado, que es a quien compete la potestad de convocar las consultas de autodeterminación. El pleno del tribunal apenas se reunió 40 minutos, ya que en los encuentros previos de despacho ya se habían consensuado las ponencias, y acordó declarar nulo el decreto de convocatoria de la consulta popular del pasado 9 de noviembre. Una iniciativa organizada en solitario por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, después de la prohibición decretada con anterioridad por este mismo órgano.
Asimismo, el tribunal también declaró la inconstitucionalidad de dos preceptos de la ley de consultas aprobada por el Parlamento de Cataluña el 27 de septiembre de 2014, destinados a regular la celebración de iniciativas como la del 9-N. En concreto, se declararon ilegales los artículos 3.3 y los puntos del 4 a 9 del artículo 16, que permitían la convocatoria por la Generalitat de consultas de carácter general por entender que, bajo esa denominación, lo que realmente se regula son los referendos, cuya competencia corresponde en exclusiva al Estado, señala la sentencia.
Ambas decisiones se adoptaron gracias al consenso de los textos elaborados por los magistrados Pedro González-Trevijano, ponente del recurso sobre la ley de consultas, y Juan Antonio Xiol, a quien correspondió valorar el decreto de convocatoria del 9-N. El Gobierno central presentó estos recursos argumentando que una comunidad autónoma no tiene competencia para organizar un referendo y, además, en el caso de la convocatoria del 9-N, que «su contenido atenta contra la atribución de la soberanía nacional, que corresponde al pueblo español», y contra la «indisoluble unidad de la nación española».
Con respecto a la norma que regula las consultas en Cataluña, aprobada en septiembre por la mayoría de los diputados de la cámara (106 de 135) y que abría a la puerta al 9-N, el Constitucional incide en que la Carta Magna prevé otras modalidades de participación ciudadana que no derivan del artículo 23 -referendos reservados al Estado- y que encarnan lo que se ha denominado «democracia participativa». Entre estas últimas figuran las llamadas consultas no referendarias.
Por el contrario, la sentencia recuerda que la Constitución atribuye al Estado la «competencia exclusiva» para autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referendo del artículo 149.1.32 de la Carta Magna, competencia que se extiende también a «su establecimiento y regulación».
«Voluntad general»
Para el caso concreto de la ley de consultas catalana y del 9-N, el pleno concluye que de los dos tipos de consultas que regula la norma impugnada (generales y sectoriales) solo cabe declarar la inconstitucionalidad de las generales por tratarse, en realidad, «de referendos encubiertos bajo la denominación de consultas populares no referendarias».
Asimismo, detalla que el cuerpo electoral al que se refiere la ley de consultas «abarca al conjunto de la ciudadanía de la comunidad autónoma de Cataluña o del ente territorial local, cuyos sufragios no exteriorizan meras voluntades particulares o de colectivos sectoriales sino su voluntad general» como ciudadanos independientes.
Los preceptos ahora declarados nulos fueron suspendidos de forma cautelar el 29 de septiembre por este tribunal tras el recurso del Gobierno. Tras conocer la sentencia, el presidente Mariano Rajoy destacó que «algo pasa» cuando se trata de una resolución por unanimidad y recordó a las fuerzas soberanistas que «la obligación de los gobernantes es cumplir la ley». «De lo contrario, se traslada un mal mensaje a los ciudadanos», aseguró Rajoy en el Congreso, donde emplazó a ERC a plantear «si quiere y se atreve» una reforma de la Constitución.