Ambos líderes sellan su primer acuerdo, pendiente de aspectos técnicos
31 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.A solo diez meses de las elecciones generales, el Gobierno y el PSOE sellaron ayer su primer gran acuerdo de la legislatura. Tuvo que ser la lucha contra el terrorismo yihadista la que uniera a populares y socialistas en un pacto que se oficializará el lunes con la presentación de la proposición de ley que modificará varios apartados del Código Penal. Un entendimiento recibido con alborozo en la Moncloa, pero que ha generado nuevos reproches en las filas socialistas a su secretario general.
La tan traída y llevada llamada telefónica de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy se produjo al mediodía de ayer, y en ella cerraron las últimas divergencias, sobre todo las referidas a la inclusión en el acuerdo de la prisión permanente revisable, que para los socialistas no es otra cosa que la cadena perpetua con otro collar. Al final estará, pero sin que se mencione. Solo queda por perfilar, según Soraya Sáenz de Santamaría, «los últimos aspectos técnicos», tarea para los expertos de los ministerio de Interior y de Justicia y del Grupo Socialista en el Congreso.
La vicepresidenta explicó tras el Consejo de Ministros que Rajoy y Sánchez dieron «el impulso» final para limar los escollos que quedaban. Según explicaron fuentes socialistas, el texto aludirá a que los atentados más graves de los yihadistas podrán ser castigados con «la pena máxima» del Código Penal. Un castigo que no es otro que la prisión permanente, que está por encima de los 40 años de cumplimiento efectivo de la pena incluido en la anterior reforma del Código impulsada por el Gobierno de José María Aznar en el 2003 con mayoría absoluta del PP.
La dirección del PSOE intenta dulcificar ante sus bases la aceptación, aunque sea implícita, de este concepto y el secretario de Organización, César Luena, aseguró que su partido «ni asume ni apoya» esa pena y recordó que los socialistas votaron en contra de su incorporación al Código Penal. Los hechos, sin embargo, son tozudos y la pena máxima del Código Penal, aunque se aprobara con los únicos votos del PP, es la prisión permanente.
El dirigente socialista justificó el apoyo a pesar de esta desavenencia porque el terrorismo yihadista es «la mayor amenaza» que se cierne sobre España. Una valoración que también hacen los expertos de la lucha antiterrorista, que consideran alto el riesgo de un atentado en España del islamismo más radical. El PSOE, prosiguió Luena, nunca va a boicotear «la unidad» antiterrorista, esté en el Gobierno o en la oposición.
La vicepresidenta del Ejecutivo también se felicitó de esta sintonía con la principal fuerza de la oposición porque son los dos partidos «llamados a sucederse» en el Ejecutivo. La lucha antiterrorista, insisten ahora en el PP, debe estar al margen de la dialéctica Gobierno-oposición.
Matices socialistas
La satisfacción gubernamental contrastó con la muy moderada complacencia socialista. Pedro Sánchez y su entorno son conscientes de que van a recibir un chaparrón de críticas por este acercamiento con los populares a cuatro meses de las elecciones del 24 de mayo y a diez de las generales. «Es necesario», afirman fuentes cercanas al secretario general, que también confirman que el PSOE cuando gobierne planteará la anulación de «la cadena perpetua».
El sentir de buena parte del partido lo expresó un dirigente tan respetado y moderado como el presidente de Asturias, Javier Fernández. Suena «muy fuerte», dijo, que su partido acepte la prisión permanente. Otros barones, como el castellano-manchego, Emiliano García Page, recordaron que el PP cuando estaba en la oposición no actuó igual y erosionó todo lo que pudo la unidad antiterrorista contra ETA.
El resto de los grupos de la oposición cargan contra los socialistas
Los reproches al principio de acuerdo entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez no han llegado únicamente de las filas socialistas. Casi todos los demás grupos parlamentarios, salvo los muy minoritarios de Foro, UPN y Coalición Canaria, censuraron a los dos grandes, pero sobre todo al PSOE, su exclusión de las negociaciones. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, lamentó que los socialistas hayan cedido «a la presión» del PP para aceptar su modelo penal en la lucha contra el terrorista yihadista. El dirigente nacionalista vasco consideró además imprescindible que se cuente en ese acuerdo con el PNV y CiU, como fuerzas gobernantes en sus comunidades autónomas y con competencias en materia de seguridad.
Izquierda Plural también emplazó al PSOE a que «aguante su vela» al hacer suyos los planteamientos gubernamentales, porque, en palabras de su diputado Joan Coscubiela, se va a «comer la cadena perpetua, aunque sea a escondidas y por la puerta de atrás». UPyD, asimismo, consideró que populares y socialistas con este acuerdo solo buscan consolidar el bipartidismo. El Gobierno y el PSOE, pese a esta beligerancia verbal, confían en que al menos los nacionalistas y UPyD respalden el acuerdo cuando se debata en el Congreso en febrero.
Los socialistas sostienen que las conversaciones no solo han girado en torno a la prisión permanente revisable, ya que se ha modificado también la redacción inicial del Gobierno en muchos aspectos referidos a las garantías en la aplicación de la ley y en la preservación de las libertades de los ciudadanos.