El tribunal que juzgue el caso Gürtel decidirá si llama a declarar al presidente del Gobierno

La Voz

ESPAÑA

La acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) lo solicitó en su escrito de acusación

22 ene 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

El tribunal de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que juzgue la primera época del caso Gürtel (1999-2005) tendrá que resolver en cuestiones previas si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declara como testigo en la vista oral, después de que la acusación popular ejercida por la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade) lo haya solicitado en su escrito de acusación.

Adade, dirigida por el abogado Mariano Benítez de Lugo, el mismo que reclamó la vistilla para que Luis Bárcenas ingresara en prisión en junio del 2013, también reclamó la testifical en el juicio de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y de la exministra de Sanidad Ana Mato. Esta última como partícipe a título lucrativo en los regalos que obtuvo de la trama Gürtel su exmarido, el exalcalde de Pozuelo de Alarcón Jesús Sepúlveda, al que Anticorrupción pide más de 15 años de prisión en su escrito de acusación.

Adade solicita para Bárcenas 31 años de cárcel y para el presunto cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, 63 años.

Además, ayer también presentaron las peticiones de penas de otras dos acusaciones populares en esta causa, el Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) y el Partido Socialista de Madrid (PSM). El primero solicita 45 años de cárcel para Bárcenas y 4 para su antecesor en la tesorería del partido, Álvaro Lapuerta, mientras que reclama la pena más alta para Correa, 100 años y 10 meses. Por su parte, el PSM solicitó 50 años para Bárcenas, 25 para su esposa Rosalía Iglesias, 83 para Correa y 36 para Lapuerta y 22 años y medio para el extesorero Ángel Sanchís. Además, esta acusación pidió que testificara en el juicio el presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y Esperanza Aguirre, testifical que también reclama el PSPV y la Fiscalía Anticorrupción. La decisión final la tomará el tribunal juzgador.