El juez carga contra el fiscal y Hacienda por su caprichosa defensa de la infanta

Punto y final. La hermana del rey Felipe VI se sentará en el banquillo para enfrentarse a una petición de hasta ocho años de cárcel como «cooperadora necesaria» de los delitos fiscales de Iñaki Urdangarin, quien ocultó al fisco 182.005 euros de IRPF en el 2007 y 155.138 euros en el 2008. El juez José Castro dio el paso que más temía la Casa Real y, desoyendo por completo las presiones de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado, dictó el esperado auto de apertura de juicio oral del caso Nóos en el que figura el nombre de «doña Cristina Federica de Borbón y Grecia», junto al de su marido y al de otras quince personas.

Que la duquesa iba a terminar sentada en el banquillo no es una sorpresa vistos los anteriores escritos de Castro que la situaban como responsable de los fraudes en tanto copropietaria de Aizoon, la empresa familiar usada para disfrazar las defraudaciones. Lo que sí fue del todo inesperado es la extrema dureza del instructor con las fianzas civiles de los imputados: cerca de 60 millones de euros. El juez impone a Cristina de Borbón una fianza de 2.697.150 euros (incluidas multas), muy por encima de los 587.413 euros que le pedía la Fiscalía y que la infanta consignó la pasada semana para intentar librarse del juicio.

Amenaza de embargo

La fianza para Urdangarin también es muy alta (14.957.262 euros) y el plazo para consignarla muy corto. El juez ya avisa al matrimonio y al resto de imputados que si en el término de veinte días no consignan en el juzgado esas garantías económicas procederá de inmediato al embargo de sus bienes y cuentas. En el caso de los duques -y descontado el dinero que ya adelantó Cristina de Borbón- tendrán que entregar antes de finales de enero más de 17 millones de euros.

El juez Castro dedica decenas de páginas del auto a defender que en este caso -a pesar de lo que argumenta Anticorrupción, Hacienda y los abogados de la infanta- no es aplicable la doctrina Botín, esa según la cual no es posible enjuiciar a un procesado por delitos fiscales si los damnificados de ese ilícito (la Fiscalía, como defensora del interés público, y la Abogacía del Estado, como defensora de la Agencia Tributaria) no se sienten perjudicados.

En el caso Botín, argumenta, «formalmente no existía perjudicado ya que la Abogacía del Estado se desentendió de todo perjuicio y solicitó el sobreseimiento libre». Sin embargo, en el caso Nóos «la Abogacía del Estado sí que se estima perjudicada, sí que ejercita la acción penal y consecuentemente interesa la apertura del juicio oral, haciéndolo justamente por dos delitos de fraude a la Hacienda Pública, que son precisamente de los que acusa a Iñaki Urdangarin» y de los que su mujer habría sido «cooperadora necesaria». O lo que es lo mismo, el delito sí va a ser enjuiciado (a diferencia del caso Botín) y lo que se trata es de dilucidar es si la infanta lo cometió junto a su marido.

Zanjado el asunto, Castro se lanza a reprochar a la Fiscalía y a Hacienda que hayan excluido por «capricho» a la infanta de los delitos fiscales mientras incluían «inexplicablemente» a otros imputados. El juez llega a afear a la Agencia Tributaria que lleve a cabo campañas publicitarias como la de «Hacienda somos todos» o «lo que tú defraudas, lo pagamos todos» y luego se dedique a no perseguir, como en este caso a la hermana del jefe del Estado, a los presuntos defraudadores.

José Castro también aprovecha el extenso auto de apertura de juicio oral para explicar que su decisión de sentar en el banquillo a la hija de don Juan Carlos no es «ningún enfermizo empecinamiento» suyo y que la infanta ha sido tratada como cualquier otro procesado. Es más, con mayor delicadeza si cabe. «Pocas o, más bien, ninguna imputación ha sido tan profusamente fundamentada» como la de procesar a la hermana del rey, señala el juez. «Cosa distinta es que lo haya sido a gusto de todos», apunta Castro en clara referencia a Pedro Horrach, que ha recurrido desde el principio cualquier movimiento en contra de la hermana del rey.

Siempre a cuenta de la infanta, el auto incluye ataques al fiscal por su ahínco en pedir una y otra vez que se la sacara del proceso. «Y no es que los peticionarios no tengan el derecho a interesar incansablemente el sobreseimiento, sino que, al no concurrir ningún nuevo dato, el resultado que habrán de merecer tales solicitudes será fácilmente adivinable».

«Con doña Cristina Federica de Borbón y Grecia se ha sido incluso aún más garante que con los demás imputados, y cualquier censura debiera venir por ese lado», reitera el magistrado, quien rebate las denuncias de indefensión de la infanta proclamadas por la Fiscalía y la propia defensa de la hermana del jefe del Estado. «La alegada indefensión, si es que existe en algún recóndito tramo que no es adivinable, sería la misma que padecerían todos los imputados de esta causa y de todas las demás que se siguen en el país», apunta José Castro.

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