La mayoría considera que no resolvería los problemas reales de España
21 dic 2014 . Actualizado a las 19:59 h.Después de 36 años, la Constitución, que se aprobó con un amplio consenso y ha presidido un período de progreso sin precedentes en España, solo se ha modificado en dos ocasiones. La Voz ha abierto sus páginas a expertos de diversos ámbitos para debatir en profundidad sobre la necesidad o no de una reforma constitucional en estos momentos de crisis política, institucional, económica y territorial.
¿Hay que reformar la Constitución?
Los expertos ven una posible reforma con la máxima cautela. Xosé Luis Barreiro alerta de que su puesta al día «ni es urgente ni justifica la asunción de riesgos de inestabilidad social y política». En esa disyuntiva como la actual su posición es «un no como una catedral» a la reforma. El politólogo estima que cuando esta se plantea no como un proyecto constructivo sino de demolición del llamado régimen de la transición, como sucede ahora, debe ser «aplazada y repensada». Roberto L. Blanco Valdés también cree que meterse en una reforma que «podría acabar como el rosario de la aurora», es decir con un texto que generara menos consenso que el de 1978, sería una tragedia.
Joaquín Varela está a favor, pero la concibe «dentro de un pacto de Estado que dé respuesta a la profunda crisis del sistema político establecido desde la transición, a la que se ha sumado la crisis económica y social». José Luis Meilán estima que la reforma es una «campaña artificial», que no se corresponde con la preocupación de los ciudadanos. Para Benigno Varela, en la situación actual, con los dos grandes partidos a la baja, «la puesta en marcha de una operación de reforma se revela harto arriesgada y con serios peligros de involución en nuestro régimen democrático». Toda reforma, argumenta, «ha de tender a mejorar lo ya existente y no empeorarlo, regresando a situaciones felizmente superadas». Susana Bertrán y Josu de Miguel Bárcena advierten de que «si no tenemos claras las voluntades previas, acometer una reforma de gran calado para el Estado, lejos de ser una solución podría ser el inicio del fin», y piden que el secesionismo catalán no nuble la atención de académicos y políticos.
¿Solucionaría los problemas de España?
Blanco Valdés destaca que, históricamente, los cambios constitucionales no tienen como objetivo eliminar las obsolescencias, que en nuestra Constitución son numerosas, sino que se acometen si resultan necesarios «para resolver algún problema de imposible o muy difícil solución si no se modifica la ley fundamental». En su opinión, no existe ningún problema en la agenda política, económica y social que exija una reforma constitucional. Salvo la cuestión territorial. Pero los cambios que exigiría el nacionalismo, si CiU renunciase al independentismo, es decir un trato privilegiado a Cataluña, serían absolutamente inaceptables.
Meilán está de acuerdo en que no resolvería los problemas reales, como el paro, la crisis económica, la corrupción o el funcionamiento de los partidos. Yolanda Gómez estima que aunque contribuyera a resolver algunos problemas, «poco cambiaría sin una transformación más profunda aún de las actitudes y planteamientos de los agentes políticos y sociales; sin un eficaz sistema de control del poder político y sin un sistema de garantías más efectivo de los derechos de los ciudadanos». El jurista y exmagistrado del Tribunal Supremo Benigno Varela cree que la solución de algunos problemas, sobre todo el territorial, requeriría que se abordaran de forma clara y definitiva en un futuro texto constitucional, pero una vez que se aclare el panorama político.
¿Se puede abordar ahora una reforma?
Existe coincidencia en que es prácticamente imposible en la actual coyuntura y en ningún caso se vislumbra un consenso tan extenso como en 1978. Barreiro señala que no se dan las condiciones políticas imprescindibles para abordar reformas que no supongan desmontar el proyecto nacional de 1978, como la forma de Estado, el sistema electoral, el modelo de descentralización del Estado autonómico por un Estado federal, la recentralización competencial o el cambio de modelo de organización de los poderes. Si se hiciera la reforma, argumenta Meilán, debería «ahondar en aspectos relevantes», por lo que hay que estar muy seguro de lo que se pretende.