La juez considera a Daniel Pérez Berlanga presunto responsable de los delitos de estragos, tenencia de explosivos y daños, aunque no de actos terroristas
21 dic 2014 . Actualizado a las 01:52 h.La titular del juzgado de instrucción número 32 de Madrid ha decretado prisión sin fianza para Daniel Pérez Berlanga, el hombre de 37 años que ayer estampó su coche en la sede nacional del PP cargado con una bomba fabricada artesanalmente con bombonas de butano.
La juez Rosa María Freire Pérez considera al detenido presunto responsable de los delitos de estragos, tenencia de explosivos y daños, según han anunciado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Pérez Berlanga ha pasado a disposición del juzgado de guardia de Plaza de Castilla después de que el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez se inhibiera en favor de los Jugados de Madrid al considerar que los hechos no constituían un delito de terrorismo.
Con el detenido ya en Plaza de Castilla, la juez Freire López ha ordenado prisión «comunicada y sin fianza» para Daniel Pérez Berlanga, natural de Bronchales (Teruel), quien aseguró a la Policía que pretendía atentar contra toda la clase política.
En paro desde el pasado mes de mayo, este hombre padece esquizofrenia y problemas con las drogas -según fuentes policiales- y hace 15 años había sido detenido por la Guardia Civil por el hurto de un vehículo.
Antes de que pasara al juzgado de guardia, el juez Gómez Bermúdez ya había apuntado que su actuación podría encajar en los delitos de estragos -recogido en el artículo 346 del Código Penal- en concurso con el de tenencia de sustancias explosivas (artículo 563).
En cualquier caso, tras analizar los hechos ocurridos a primera hora de la mañana de ayer viernes en la sede del PP de la madrileña calle de Génova, así como la declaración policial prestada por el detenido, el magistrado concluía que no se le podía imputar delito de terrorismo, para el cual sería competente la Audiencia Nacional.
A su juicio, «no aparece dato alguno que permita afirmar el carácter terrorista de la acción, en el sentido de que su finalidad hubiera sido desestabilizar el sistema democrático», señalaba en su auto.
Gómez Bermúdez señaló tras analizar la declaración del detenido ante la Policía y a tenor de los instrumentos incautados en su domicilio del municipio turolense de Bronchales que el kamikze no cometió un acto terrorista, que sí hubiera sido competencia de la Audiencia Nacional. El juez consideró que incurrió en los delitos contra las personas y de estragos en concurso con tenencia de sustancias explosivas.
Pérez Berlanga llevaba en el vehículo dos bombonas de butano y 5,8 kilos de nitrato amónico, un fertilizante, unos litros de combustible, un rudimentario iniciador del artefacto compuesto de cabezas de fósforos y un temporizador extraído de un ventilador. Con esos elementos «difícilmente» hubiera explotado, según los artificieros de la Policía.
Gómez Bermúdez explicó en un auto que para que se considere un delito de terrorismo se tiene que perseguir una finalidad política, subvertir el orden constitucional y alterar de forma grave la paz pública. En este caso «no aparece dato alguno» que permita establecer que se trata de un caso de terrorismo. El kamikaze declaró a la Policía que su intención era atentar contra «los políticos», a los que responsabilizó de su situación de parado, porque «todos son iguales».
El juez también señaló que, de acuerdo a la declaración del detenido ante la Policía, actuó en solitario «sin relación ni cooperación, contacto o subordinación a otro». No cabe, por tanto, que pertenezca «a una organización».
Daniel Pérez Berlanga, de 37 años y residente en el municipio turolense de Bronchales, decidió poco después de las siete de la mañana de este viernes empotrar su Citroën Xantia en el edificio de siete plantas de los populares, en pleno centro de Madrid. El ruido fue «brutal», según el testimonio de los vecinos, pero no explotó nada. La mujer que regenta un quiosco de prensa cercano creyó que era «un despistado o alguien que estaba bebido». La pareja de agentes que vigila las 24 horas del día la sede del partido no pudo hacer nada porque el coche entró a gran velocidad. Destrozó la puerta de acceso y rompió todo lo que había a la entrada, pero se frenó a la altura de unas escaleras que dan acceso a la sala de prensa. Unas trabajadoras de limpieza que trasteaban por allí se llevaron un susto morrocotudo, pero no sufrieron daño alguno.
En sus primeras declaraciones ante la policía, explicó que el objetivo de su ataque no era el PP, aunque escogió el edificio de la calle Génova porque era el que conocía. Quería castigar a todas las fuerzas políticas porque todas «son iguales». Culpa a los partidos de su situación laboral, parado desde mayo después de haber trabajado en una empresa maderera y no haber pasado las pruebas para vigilante de los recolectores de setas en su pueblo. En un principio, sin embargo, dijo que era un empresario arruinado. Las primeras versiones, avaladas incluso por el director general de la Policía, apuntaran a que se trataba de una persona con problemas psiquiátricos, extremo negado por sus familiares y el alcalde de Bronchales, cargo que había ejercido su padre hasta hace siete años.