Trece jueces de lo Penal del Supremo exigen que cesen las injerencias del Gobierno
ESPAÑA
Trasladan al presidente del Poder Judicial su «desazón» por las críticas de Fernández Díaz a la excarcelación de etarras
19 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Nunca había ocurrido hasta ahora. Trece magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo remitieron una carta al presidente del alto tribunal y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para que interceda ante Mariano Rajoy para que cesen las injerencias de miembros del Ejecutivo en la labor de los jueces, en este caso, en las decisiones de excarcelar miembros de ETA. Los firmantes de la misiva mostraron a Lesmes su «desazón» por las críticas a la judicatura del ministro del Interior, Jorge Fernández, tras las excarcelaciones de varios etarras por parte de la Audiencia Nacional a raíz de una sentencia anterior del Supremo que puso en libertad al terrorista arrepentido José Luis Urrusolo Sistiaga.
El texto lo firman nada menos que 13 de los 18 magistrados de la Sala de lo Penal. Los magistrados son tanto progresistas como conservadores y rechazan sin miramientos las palabras de Fernández Díaz en una entrevista el pasado 10 de diciembre, en la que critica con dureza estas actuaciones judiciales. Se abstuvieron de suscribir el texto Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal; Julián Sánchez Melgar, Antonio del Moral, de tendencia conservadora, y Andrés Martínez Arrieta y Carlos Granados, de la moderada asociación Francisco de Vitoria. Firmaron la carta los progresistas Cándido Conde Pumpido, Joaquín Giménez, Alberto Jorge Barreiro, Luciano Varela, Perfecto Andrés, José Ramón Soriano, Juan Saavedra y Siro García Pérez, así como los conservadores José Manuel Maza, Juan Ramón Colmenero, Francisco Monterde, Juan Ramón Verdugo y Javier Delgado Barrio.
Acusaciones de prevaricación
El titular de Interior consideró que la excarcelación de Santi Potros, Alberto Plazaola, así como la de Carmen Gisasola, le parecían «lamentable desde todos los puntos de vista, también jurídicamente». Ante la pregunta de si los jueces estarían prevaricando respondió que si lo que hacían los magistrados «lo hubiera hecho una autoridad política y administrativa quizá en estos momentos se le estaría acusando de un posible delito de prevaricación». Todo ello, resumió Fernández Díaz, provoca una «falta de confianza» en las instituciones.
Los magistrados del Supremo no entran a valorar de forma expresa las declaraciones de Fernández Díaz, pero trasladan a Lesmes su preocupación por tales manifestaciones. Reclaman asimismo al presidente del Supremo que si comparte su punto de vista «lo haga saber al presidente del Gobierno, recabando de este la reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denunciamos».
Para ello recuerdan que la Sala Segunda emitió sentencia en marzo pasado sobre el etarra arrepentido José Luis Urrusolo Sistiaga, en la que admitían la directiva marco de la Unión Europea del 2008, traspuesta el 3 de diciembre por el Gobierno, según la cual se restan las penas cumplidas por los condenados en cárceles francesas a las que ya estaban purgando en España. Una situación que en la práctica ha supuesto la salida de prisión de estos tres etarras, ordenada por la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. La sección segunda, en cambio, no adoptó el mismo criterio y negó la puesta en libertad a otro preso de ETA en idéntica situación, Iñaki de Lemona.
La carta de los jueces se produce después de que Rajoy defendiese en el Congreso la división de poderes, y adquiriese el compromiso de que el Gobierno «le guste o no le guste» acatará la decisión que alcance el Supremo respecto a la forma de computar los años de cárcel cumplidos por los presos en otros países de la UE.
El ministro del Interior, pocas horas después de conocer la carta, mostró su «respeto» a la independencia judicial y separación de poderes establecida en la Constitución. «He respetado y respetaré siempre la ley», se limitó a comentar Fernández Díaz
No es la primera vez que este miembro del Gobierno tiene problemas con los jueces por sus declaraciones. El instructor de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez amenazó con abrirle un procedimiento por «revelación de secretos» debido a los detalles que dio en una conferencia de prensa sobre el secuestro del empresario Publio Cordón a manos de los Grapo.