Pablo Ruz lleva desde el 2010 en la Audiencia Nacional en comisión de servicio
10 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El acuerdo de la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial garantiza, en principio, que el juez Pablo Ruz pueda concluir la instrucción del caso Gürtel y causas derivadas del mismo, como el de los papeles de Bárcenas. Sin embargo, la decisión genera dudas y abre una situación de incertidumbre, según distintas fuentes judiciales.
Pablo Ruz sustituye en la Audiencia Nacional a Miguel Carmona, juez de enlace en el Reino Unido, desde el 2010 en situación de comisión de servicios, que le ha sido prorrogada ya en nueve ocasiones por períodos de seis meses. Ahora se le prolonga hasta marzo, cuando se prevé que ocupe la plaza el nuevo titular. Entonces podría seguir como juez de apoyo para concluir causas de especial complejidad, como las de Gürtel. Pero esa continuidad no es automática, ya que deberá solicitar una nueva comisión de servicio que deberá aprobar la permanente del Consejo, oída la sala de gobierno de la Audiencia Nacional, tras valorar el informe en el que Ruz deberá exponer las razones que le llevan a solicitar la continuidad y justificar la complejidad de la causa.
Y aunque se le conceda, de acuerdo con la cláusula aprobada ayer por el Consejo del Poder Judicial, se abre entonces un nuevo problema. El artículo 216 bis 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que los jueces de apoyo se ocupen de «los asuntos de nuevo ingreso o pendientes de señalamiento», mientras que el titular de la plaza se ocupará de los asuntos en tramitación que no hayan alcanzado la fase de señalamiento. Si Ruz continuara con las causas de la Gürtel podría quebrarse el principio de juez predeterminado por la ley y convertirse en causa de nulidad. Así se apresuró a ponerlo de manifiesto ayer Miguel Durán, el abogado del número dos de la trama, Pablo Crespo.
Y no solo eso. Cinco vocales del sector progresista del Consejo, que habían reclamado que la decisión de ayer fuera debatida en pleno y no en la comisión permanente, anunciaron su intención de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo por este motivo. Los vocales entienden que el acuerdo «podrá ser objeto de impugnación por las partes en los procedimientos que está instruyendo» Ruz.