Todo queda en manos de Castro

T. Novoa REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

El juez será quien decida si la infanta Cristina debe sentarse o no en el banquillo, motivo de la ruptura del tándem que formó con el fiscal Horrach. SIGA AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN DEL CASO

09 dic 2014 . Actualizado a las 11:23 h.

Al final, todo queda en manos del juez Castro. Como era previsible, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha decidido no acusar a la infanta Cristina delito fiscal alguno, que es lo único por lo que podía sentarla en el banquillo después de que la Audiencia Provincial de Palma indicara en su resolución del 8 de noviembre que no se la podía acusar de blanqueo de capitales. Queda pendiente de conocer la calificación definitiva de la Abogacía del Estado, pero si como se prevé mantiene las mismas tesis que la Fiscalía, ninguna de las víctimas -la Agencia Tributaria, representada por la abogacía, ni el fiscal en tanto valedor del interés público- presentaría acusación contra la infanta. En teoría, en aplicación de la denominada doctrina Botín, no habría opción para sentar a Cristina de Borbón en el banquillo. Sin embargo, el auto de la Audiencia de Palma del 8 de noviembre introdujo una matización al señalar que como en esta causa el ministerio público sí aprecia delitos fiscales, aunque los atribuya a otras personas, el juez instructor tiene capacidad para acusar de ellos también a la infanta.

Si el juez Castro se reafirma en la línea que ha mantenido durante los dos últimos años de la instrucción, la infanta acabará en el banquillo y se consumará la ruptura definitiva de la pareja investigadora que ha sido capaz de desmadejar el ovillo de la corrupción en las Baleares y llevar por primera vez en la historia a un miembro de la familia real ante la Justicia. Y es que la infanta ha sido el motivo de la discordia que ha llevado al divorcio de la pareja Castro-Horrach.

Una pareja que durante años trabajó como una piña, mano a mano, para poner al descubierto la trama de corrupción que había montado el expresidente Jaume Matas. Tirando del hilo del sobrecoste en la construcción del velódromo Palma Arena, Castro y Horrach levantaron 27 piezas separadas, de las cuales la que más daría que hablar sería la relacionada con el desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, dirigido por el yerno del entonces rey Juan Carlos.

Rotas las hostilidades

«Yo solo hago lo que Pedro Horrach me indica», llegó a decir el juez Castro tras la primera sentencia condenatoria del caso Palma Arena, en una muestra de la buena sintonía entre ambos. Una cordialidad y aprecio mutuo que empezó a romperse en abril del 2013, cuando el instructor decidió imputar a la infanta Cristina. El fiscal reaccionó con dureza y recurrió la imputación con un escrito en el que lanzó las primeras puyas contra el juez: «El procedimiento judicial persigue la búsqueda de la verdad material, no ajustarla a expectativas o sospechas personales».

La Audiencia de Palma levantó la imputación de la infanta, pero abrió la puerta al juez a investigarla por blanqueo y delito fiscal. Y a ello se dedicó a partir de entonces, con la oposición sistemática del fiscal, quien incluso llegó a apoyar la imputación de dos aforados valencianos, Francisco Camps y Rita Barberá, para que la causa fuera trasladada al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. Vano intento.

Llegó incluso a personarse en el despacho del juez, el 14 de noviembre del año pasado, para oponerse a la nueva imputación de la infanta, antes incluso de que el propio instructor la decidiera, con un escrito en el que calificaba la decisión que pensaba tomar Castro de «especulación huérfana de sostén indiciario». Solo le sirvió para enconar aún más el enfrentamiento entre ambos, porque unas semanas después, en enero, el juez volvía a imputar a Cristina de Borbón y recordaba al fiscal que «en derecho, como en la diplomacia, las formas son importantes».

La traca final llegó en junio, al cerrar el juez la causa y mantener a la infanta como procesada. En su consecuente recurso, el fiscal llegaba a tachar la instrucción de inquisitorial y acusaba al juez de haberse dejado llevar por la presión mediática, sin indicios sólidos para proceder contra Cristina de Borbón. El juez le respondía no en un auto sino ante los periodistas, instándole a denunciarlo por prevaricación. La trifulca llegó a tal punto que tuvieron que intervenir el Consejo del Poder Judicial y la Fiscalía del Estado.

Y ahora, al final de la batalla, la última palabra la tendrá el juez José Castro, quien después de esto se jubilará.