El apoyo a la reforma de la Constitución es mayor entre quienes no la votaron

Enrique Clemente Navarro
Enrique Clemente MADRID / LA VOZ

ESPAÑA

Solo un 18,8 % de los gallegos consideran que no debe tocarse la Carta Magna

06 dic 2014 . Actualizado a las 12:37 h.

Algo más de dos de cada tres gallegos, concretamente un 68,1 %, consideran necesario reformar la Constitución, según una encuesta del Instituto Sondaxe para La Voz de Galicia, realizada entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre sobre la base de 500 entrevistas.

Solo un 18,8 % de los encuestados creen que no hay que realizar ningún cambio en la Carta Magna, mientras que un 12,8 % no saben o no tienen opinión y un 0,3 % no contestan. El apoyo a la reforma es especialmente significativo entre los menores de 54 años, es decir aquellos que no votaron el texto, porque no tenían edad o porque no habían nacido, cuando fue sometido a referendo, hoy hace 36 años.

Los constitucionalistas y los dos grandes partidos coinciden en valorar la Constitución de 1978 como la primera de consenso de la historia de España, que ha servido para que este país viva el más largo período de paz y prosperidad de siempre.

Las reforma necesarias

Los expertos creen que son necesarias algunas reformas después de tanto tiempo de vigencia, la principal el cierre del modelo territorial, pero también otras sobre la sucesión de la Corona, el Poder Judicial, el Senado o para que conste la pertenencia española a la Unión Europea. El Gobierno, sin embargo, no ve oportuno abrir ahora mismo un debate sobre la reforma del texto constitucional, como pretenden los socialistas, porque estima que no existe una propuesta concreta sobre la mesa ni consenso sobre lo que debe cambiarse.

Los votantes de AGE son los más partidarios de la reforma (96,7 %), seguidos por los socialistas (89,5 %) y los del BNG (75,5 %). En el lado opuesto están los que aseguran haber votado en las elecciones autonómicas del 2012 al PPdeG, aunque más de la mitad también son favorables a introducir cambios (54,3 %) y solo algo más de uno de cada tres se declaran contrarios (36,7 %). Llama la atención que el 21,7 % de los simpatizantes del Bloque rechazan la reforma.

Las personas de edades comprendidas entre los 35 y los 54 años son los más proclives a la reforma constitucional (76,5 %), seguidos por los de 18 a 34 (71,7 %), mientras en el grupo de más de 55 años se da el porcentaje más bajo de apoyo a la reforma (58,7 %). Aunque es entre los más jóvenes donde se da una mayor oposición a tocar el texto constitucional (21,2%) por delante de los más veteranos (19,8 %). El respaldo a la reforma de la Carta Magna es más amplio entre los hombres (71,4 %) que entre las mujeres (65,1 %).

Por provincias, los datos son bastante similares y van del 70,1 % de partidarios de la reforma constitucional de Ourense al 66,2 % de Lugo, pasando por el 68,1 % de Pontevedra y el 68,2 % de A Coruña. Curiosamente, también es en Ourense donde hay más oposición a los cambios (22,2 %), lo que se explica porque es mucho menor el porcentaje de quienes no saben y no tienen opinión.

Por lugar de residencia

Es en las poblaciones de entre 20.000 y 50.000 habitantes donde existe un mayor apoyo a la reforma del texto constitucional (76,2 %, ocho puntos por encima de la media gallega) y en las más pequeñas, de menos de 5.000, en las que es más bajo (64,1 %), con un 24,3 % que no consideran necesario tocar la Constitución. En la siete grandes ciudades gallegas el respaldo es del 67,8 %, equivalente a la media de la comunidad, con una oposición también similar (18,2 %).

En el 2011, los socialistas, con José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa, y el PP, con Mariano Rajoy como líder de la oposición, se pusieron rápidamente de acuerdo en modificar el artículo 135 de la Constitución para introducir el principio de estabilidad presupuestaria. Era la segunda reforma constitucional después de la que se hizo en 1992 para adecuarla al Tratado de Maastricht. Ninguna de las dos fue sometida a referendo. El jueves, el líder socialista, Pedro Sánchez, registró en el Congreso una petición para crear una subcomisión, en el seno de la Comisión Constitucional, para abordar el estudio de la reforma de la ley fundamental, que los populares rechazaron.