Esas pocas cosas a las que aludía Mariano Rajoy son, de entrada, once delitos y 43 procesados, entre ellos tres extesoreros del PP. Mas una ministra que, según ella, pasaba por allí y no se enteraba de nada, pero que viajaba gratis y se beneficiaba de otros generosos obsequios pagados con dinero obtenido ilegalmente. Ha tenido que ponerlo negro sobre blanco el juez en un auto para que Ana Mato se haya dado por aludida y haya acabado por hacer lo que debería haber hecho hace ya mucho tiempo. Porque parapetarse en la presunción de inocencia y la ignorancia le pudo servir hace unos años, pero no ahora. El umbral de tolerancia social con la corrupción ha descendido drásticamente. La frontera para permanecer en la vida política ya no es la imputación penal. La ciudadanía exige un nivel de ejemplaridad en las conductas que se había perdido. No basta con mirar para otro lado para no enterarse ni es de recibo vivir a cuerpo de rey a base de regalos cuando se está en un cargo público. Porque todo tiene un precio.
Y la dimisión de Ana Mato es solo el comienzo. Porque queda mucha munición judicial por delante. Solo ha estallado el primer artefacto de un campo de minas por el que el PP deberá transitar en el futuro inmediato. El año electoral se le va a hacer muy largo y pesado a Rajoy. El juez Ruz le ha reventado el pleno de hoy sobre la corrupción. Y solo esta coincidencia ha forzado la dimisión de la ministra, porque si Rajoy hubiera acudido al Congreso con Ana Mato en el banco azul su discurso por la regeneración habría muerto para siempre. De hecho, bastó que la ministra amagara con continuar en el cargo para que, durante las horas en que se demoró su marcha, empezaran a sonar los cuchillos en el PP.
La resistencia de Rajoy a aplicar hasta ahora el bisturí en los casos de corrupción le puede pasar ahora una enorme factura electoral si no cambia radicalmente su discurso y su actitud. Porque la siguiente mina será la del caso Bárcenas. Y su onda expansiva puede ser aún mayor.